Oleg Mikhailov, exdiputado comunista de la república de Komi, fue acusado de apoyar el terrorismo. Activistas del Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF) afrontan cargos en otras regiones, y simpatizantes han sido detenidos tras protestar contra presuntas irregularidades electorales. La campaña continuó después de la votación de septiembre: Moscú parece haber decidido que la oposición comunista, incluso cuando participa legalmente en las instituciones, necesita una advertencia más contundente.
La presión sobre las ramas regionales inquieta al partido y empuja a algunos de sus dirigentes —incluido su veterano líder, Gennady Zyuganov— a adoptar un tono más crítico. Lo que debía servir para disciplinar a los comunistas podría darles motivos para actuar como una oposición más activa.
La operación no acabó con el recuento
Antes de las elecciones de septiembre, las autoridades ya habían intentado apartar a candidatos comunistas radicales y dificultar sus opciones en las carreras a la Duma y a cargos regionales. Después de la votación llegaron las detenciones y los procesos judiciales. Candidatos del KPRF que habían perdido y simpatizantes que protestaron contra la supuesta manipulación de los resultados quedaron en el punto de mira, según informaciones de medios independientes.
El mensaje no era solo «no ganen», sino también «no conviertan la derrota en movilización». En varias regiones, las protestas —sin autorización oficial— contaron con el respaldo de dirigentes comunistas locales. Desde la perspectiva del Kremlin, la oposición parlamentaria puede existir mientras no organice a la gente fuera de los cauces establecidos. Las reglas de la política de partidos en Moscú resultan menos cómodas en las calles regionales.
Las detenciones posteriores al voto también cambian el cálculo de los comunistas. Hasta entonces, un dirigente podía confiar en que su partido lo protegería de las consecuencias más graves de una disputa política. Ahora, según Vyorstka, entre los militantes circula la pregunta de quién será el siguiente. La posibilidad de nuevos procesos puede fomentar la cautela, pero también dejar a los cuadros locales con la impresión de que callar no garantiza nada.
Informaciones de septiembre y octubre describieron arrestos, detenciones de simpatizantes y protestas contra la falsificación de resultados. En noviembre, Vyorstka documentó la intensificación de la campaña. La secuencia —limitar la competencia electoral y luego castigar a quienes cuestionan el resultado—, aplicada a un partido con estructuras regionales arraigadas, puede provocar una respuesta menos dócil de la prevista.
Una oposición «de sistema» que se desordena
En la práctica, el modelo político ruso distingue entre el partido dominante y las formaciones que pueden competir sin amenazar el control del centro. Rusia Unida ocupa el primer lugar; el KPRF y otras fuerzas parlamentarias integran una oposición «sistémica», tolerada mientras sus disputas no cuestionen asuntos que el Kremlin considera intocables. En la Duma, ese arreglo ha sido relativamente manejable para el poder: los partidos opositores tienen escaños, tribuna y cierta capacidad de crítica, pero se espera que se plieguen cuando Moscú fija una prioridad.
El KPRF, sin embargo, no es una pieza uniforme. Sus ramas regionales pueden ser más combativas que la dirección de Moscú y responder a conflictos locales con una energía que la cúpula preferiría moderar. Algunos observadores las describen como una fuerza casi regionalista, no necesariamente por defender un programa separatista, sino porque actúan frente a las autoridades centrales desde agravios y redes políticas propias. El Kremlin negocia con una dirección nacional, mientras las protestas y los procesos judiciales involucran a cuadros locales que no siempre la obedecen.
La presión parece diseñada para obligar a los dirigentes de Moscú a disciplinar a sus compañeros de provincia. Si la cúpula condena a los radicales, puede perder credibilidad entre sus bases; si los defiende, aumenta la fricción con el poder. La persecución obliga al partido a mostrar de qué lado está cuando la represión deja de ser una abstracción.
Una formación puede ser «sistémica» sobre el papel y, al mismo tiempo, albergar dirigentes que organizan protestas o se oponen a las autoridades locales. El Kremlin parece haber tratado esa diversidad como una falla corregible mediante la intimidación. Pero también podría convertirla en un rasgo que vuelva al partido políticamente relevante para votantes cansados de una oposición que parece decorativa.
El caso de Komi y el efecto intimidatorio
La acusación contra Oleg Mikhailov eleva el coste político de la campaña. El exdiputado del KPRF en Komi fue acusado de apoyar el terrorismo, un cargo que Vyorstka describió como el primero de este tipo en la historia reciente del país contra un antiguo diputado comunista. El dato no demuestra por sí solo que todos los procesos contra militantes respondan a una orden central coordinada. Sí muestra que la presión sobre figuras vinculadas a la oposición puede superar el nivel de una disputa electoral ordinaria.
El expediente contra Mikhailov se suma a cargos de menor gravedad contra activistas de otras regiones y a detenciones de simpatizantes que participaron en manifestaciones. En conjunto, estos casos envían una señal a quienes podrían organizar una protesta, prestar apoyo legal o hacer pública su solidaridad. No hace falta encarcelar a toda una organización para elevar el coste de actuar: basta con que las consecuencias parezcan cada vez más severas y menos previsibles.
La intimidación también puede tener un efecto contrario. Algunos miembros se replegarán; otros interpretarán la persecución como prueba de que sus acciones tienen impacto o de que el Kremlin ya no se conforma con ignorarlos. La defensa pública de los acusados convierte un asunto local en una prueba de lealtad para sus camaradas. Si la dirección guarda silencio, las bases toman nota; si habla, el conflicto se amplía.
El poder controla las instituciones coercitivas y puede abrir nuevos procesos; el KPRF no puede igualar esa fuerza. Su recurso es político: presentar los casos como una muestra de que ni siquiera la oposición legal está a salvo cuando se sale del guion. Ese relato puede calar si los votantes perciben que se castiga a quienes denunciaron irregularidades electorales en lugar de responder a sus denuncias.
Zyuganov, de veterano leal a voz incómoda
La reacción de Gennady Zyuganov es uno de los giros más reveladores. El dirigente, de 80 años, ha encabezado el partido durante décadas y ha sido considerado una figura dispuesta a mantener una relación funcional con el Kremlin. Eso no significa que cada declaración suya haya sido dócil ni que el KPRF careciera de fricciones con el poder. Pero criticar dentro de un marco aceptado no es lo mismo que defender a cuadros perseguidos. Zyuganov ha condenado las medidas contra los comunistas regionales y, según los reportes citados, ha endurecido su tono.
También ha preguntado por el coste interno de la guerra contra Ucrania: por qué deben sufrir los rusos para pagarla. Cuestionar la conducción de la guerra es más delicado que denunciar una maniobra local. Esa crítica no equivale necesariamente a un rechazo total de la invasión, y no conviene atribuirle más de lo que dijo. Aun así, que un dirigente de un partido tradicionalmente acomodado introduzca el coste para la población en la discusión abre una grieta que el Kremlin preferiría mantener cerrada.
La presión ha alimentado especulaciones sobre una posible sucesión de Zyuganov. Yuri Afonin, de 48 años y jefe de la facción comunista en la Duma, aparece como una figura más joven y potencialmente más dispuesta a cooperar con el Kremlin. Por ahora, es una posibilidad, no una decisión confirmada. La especulación refleja la hipótesis de que la campaña busca no solo castigar a las ramas radicales, sino también cambiar el equilibrio interno del partido y asegurar una dirección más previsible.
Presionar a la cúpula para que expulse o silencie a los radicales puede acercarla a ellos. Si Zyuganov percibe que su autoridad está en juego, defender a los militantes regionales deja de ser una concesión a un ala díscola y se convierte en una defensa del partido. Cuanto más se presenta la dirección como portavoz de una organización amenazada, más difícil resulta mantener la distancia entre la política parlamentaria y el descontento de la calle.
Las regiones ya no son un asunto menor
La disputa pudo parecer una «fronda» provincial: tensiones lejos de Moscú, localizadas y poco capaces de alterar el tablero nacional. Esa lectura subestima el papel de las ramas regionales, que conocen a sus votantes, gestionan redes de militantes y pueden convertir una protesta electoral en un conflicto persistente con las autoridades locales. No necesitan tomar el poder para resultar incómodas; basta con que hagan visible la distancia entre el discurso oficial y las quejas de la población.
El KPRF conserva una ventaja que otras estructuras opositoras han perdido. Yevgeny Stupin, exdiputado comunista de la Duma de Moscú, dijo a Vyorstka que, en los últimos quince años, solo dos organizaciones habían podido organizar protestas serias: la Fundación Anticorrupción, declarada extremista por las autoridades, y el KPRF. La primera sufrió una represión devastadora, y Alexei Navalny murió en prisión. Stupin subrayó que las ramas regionales del partido son «otro mundo»: no una estructura monolítica sometida sin matices a Moscú.
La comparación no convierte al KPRF en una fuerza nacional capaz de desafiar al régimen. Sus divisiones internas siguen ahí y el aparato estatal dispone de recursos que ningún partido puede igualar. Pero ayuda a entender por qué el Kremlin presta atención a una organización que en la Duma puede parecer acomodada: sus redes locales dan continuidad al malestar y convierten los mensajes de una figura parlamentaria en disputas concretas en distintas ciudades.
La represión podría debilitar algunas ramas, llevar a sus dirigentes a autocensurarse o alejar a simpatizantes de las manifestaciones. También podría ampliar la solidaridad y convencer a más votantes de que el partido habla en su nombre. Por ahora, ambas tendencias pueden coexistir: miedo en unos, radicalización en otros.
Una pelea que puede sobrevivir a Putin
El Kremlin probablemente conserve la iniciativa a corto plazo. Puede detener activistas, abrir expedientes y presionar a la cúpula del KPRF con más facilidad de la que el partido puede responder. Pero ganar una ronda no equivale a restablecer la obediencia. Si la persecución aumenta, más comunistas podrían interpretar los ataques como una señal de vulnerabilidad: un poder seguro de sí mismo, podrían pensar, no necesitaría tratar cada protesta regional como una amenaza.
Puede formarse una espiral de acción y respuesta: las autoridades aprietan, los militantes denuncian los arrestos, la dirección se ve empujada a respaldarlos y Moscú responde a esa defensa como a una nueva provocación. La primera arena será probablemente regional, donde ya existen conflictos y el KPRF tiene cuadros activos. Si Zyuganov y su entorno mantienen el tono crítico, el choque podría llegar al centro político y a los debates parlamentarios.
La sucesión añade incertidumbre. Mientras Putin domine el sistema, el Kremlin puede contener a sus rivales mediante la coerción, el control institucional y los pactos con la oposición permitida. Si pierde capacidad para imponer su voluntad, las reglas podrían pesar menos que las redes y lealtades acumuladas. Una rama regional radicalizada no se convertiría de pronto en una fuerza decisiva, pero podría ganar importancia si las élites empiezan a competir y buscan aliados, legitimidad o apoyo popular.
La campaña se dirige contra sectores del KPRF que desafían el papel subordinado asignado a la oposición sistémica. Al hacerlo, podría dar a más miembros motivos para cuestionar ese papel y acercar a la dirección de Moscú a sus ramas más combativas. El alcance de ese cambio dependerá de la presión del Kremlin y de la capacidad del partido para resistirla; por ahora, tratar al KPRF como una pieza controlada es menos seguro que antes.
