El lunes 2 de noviembre, en Barcelona, Rebeca Grynspan puso nombre a una de las debilidades más incómodas de Naciones Unidas: su aversión al riesgo. La candidata a suceder a António Guterres sostuvo en el foro World in Progress que la organización debe reformarse y que su próximo secretario general tendrá que aceptar el coste de actuar —y de fracasar— en escenarios de conflicto. También planteó una pregunta persistente: si la ONU no está en las mesas donde se negocia la paz, ¿para qué sirve cuando más se la necesita?
Una ONU necesaria, pero lejos de donde se decide
Grynspan defendió que Naciones Unidas es más necesaria que nunca, aunque reconoció la distancia entre esa necesidad y la actuación concreta de la institución. En muchos conflictos, admitió, la ONU no media ni participa en las negociaciones. Su propuesta no es reclamar el monopolio de la diplomacia, sino aprender a trabajar con otros actores: saber cuándo liderar y cuándo apoyar, en vez de competir por ser la única voz en la sala.
El sistema internacional de 1945 no incluye a todos los actores que hoy influyen en una guerra, una tregua o una negociación. Una organización que solo se siente cómoda cuando conserva el control puede quedar fuera de conversaciones que avanzan bajo la conducción de países, organismos o mediadores con menos legitimidad universal. La alternativa de Grynspan —cooperar sin exigir uniformidad— reconoce que la pluralidad no desaparece porque la ONU lo prefiera.
La candidata sostuvo que el secretario general debe asumir el precio del riesgo y también el del fracaso. Las burocracias internacionales suelen medir mejor el coste de una decisión fallida que el de no hacer nada; la inacción puede presentarse como prudencia. Pero la mediación exige entrar en terrenos inciertos, aceptar que una iniciativa puede no prosperar y exponerse a las críticas de gobiernos que prefieren una institución dócil.
Grynspan vinculó esa vocación con su historia familiar: sus padres sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y reconstruyeron su vida en Costa Rica; sus abuelos murieron en el Holocausto. Dijo que sabe lo que la guerra quita y que se considera “hija de las Naciones Unidas”. No es un argumento técnico para reformar la organización, pero explica por qué habla de la paz como algo más concreto que una consigna ceremonial. La cuestión es si esa convicción puede convertirse en capacidad política dentro de una institución que, según ella misma, evita arriesgarse.
Reformar no es pronunciar la palabra
Grynspan no presentó en el foro un plan institucional cerrado. Su propuesta apunta a una ONU más ágil, más cercana a los conflictos y menos empeñada en tratar a otros mediadores como competidores. Es una dirección, no una receta. Pedir reformas genera titulares; cambiar hábitos, incentivos y relaciones de poder es otra tarea.
La candidata describió una organización que ha perdido presencia en espacios donde antes se esperaba encontrarla: las mesas de negociación, la diplomacia sobre el terreno y los esfuerzos de mediación. El foro no permitió determinar si esa ausencia responde a restricciones de los Estados miembros, a problemas de diseño o a cautela interna. Probablemente intervengan varios factores. La ONU depende de los gobiernos que la integran, pero también puede ampararse en esa dependencia para explicar su inacción.
La reforma que plantea exige cambiar la forma de medir el éxito. Si el único resultado aceptable es una paz firmada y estable, cualquier intento fallido parece una mancha. Si también se valora abrir canales, sostener contactos o reducir el riesgo de escalada, la institución podría tener margen para actuar antes de que solo queden declaraciones y vetos. No hay garantías de que funcione; por eso Grynspan habló de asumir el coste del fracaso.
Su candidatura tiene, además, una dimensión política visible. Si llegara al cargo, sería la primera mujer secretaria general de la ONU. Grynspan rechazó que elegir a una mujer debiera entenderse como un favor: afirmó que cuenta con los méritos y pidió equidad en el trato. La igualdad no exige rebajar el estándar de selección, sino dejar de aplicar estándares distintos según quién aspire al puesto. Queda por ver si los gobiernos que deciden el nombramiento respaldarán una dirección más activa, y no solo el simbolismo de una primera vez.
Europa mira a Washington y descubre que la distancia viene de antes
La inquietud por la ONU no apareció aislada. En el mismo foro, el consejero de la Generalitat Jaume Duch advirtió que el distanciamiento de Estados Unidos respecto a Europa no empezó con Donald Trump. Atribuir toda la incertidumbre transatlántica a un presidente concreto permite pensar que el problema se evaporará con el siguiente. Duch apuntó a una tendencia más larga: Washington dirige cada vez más atención al Pacífico y Europa intenta reforzar su autonomía en defensa.
“La seguridad en Europa nos corresponde a nosotros”, dijo Duch, que añadió que la etapa de delegarla ha terminado. Durante años, la protección estadounidense funcionó como una garantía que muchos gobiernos europeos podían invocar sin resolver cuánto estaban dispuestos a invertir, coordinar o ceder para construir una defensa común. La conversación ya no trata solo de si la autonomía estratégica suena bien en un documento, sino de quién paga, quién decide y qué soberanía nacional están dispuestos a compartir los Estados.
Arancha González Laya, presidenta del foro y exministra española de Exteriores, describió una Europa consciente de que necesita integrarse más, pero que tropieza al intentar reunir respaldo político para hacerlo. Su diagnóstico parte de un cambio más amplio: tras décadas de orden internacional basado en reglas, los Estados nación han regresado con fuerza y, en sus palabras, “quieren venganza”. La UE navega contra el viento, dijo, y necesita más energía política para avanzar.
Los gobiernos reclaman soberanía frente a las potencias y, a la vez, se resisten a compartirla entre ellos. Quieren una Europa capaz de defenderse, negociar y responder con rapidez, pero sin ceder demasiado control nacional. Ese equilibrio puede servir para ganar elecciones, aunque no necesariamente para disuadir a un adversario o sostener una política exterior coherente. Mientras Estados Unidos reorganiza sus prioridades, confiar en que la relación transatlántica funcione por inercia parece más una costumbre que una estrategia.
La presión económica también se convierte en geopolítica
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advirtió que el encarecimiento de la energía ligado a la guerra en Irán está siendo más intenso y persistente de lo previsto. Dijo que las autoridades siguen de cerca el impacto por el posible traslado de esos costes a otros bienes y servicios o a los salarios. Cuando sube la factura energética, la guerra deja de ser un asunto lejano y entra en las cuentas domésticas, en las empresas y en la vida de los votantes.
Una escalada de precios puede alimentar tensiones sociales, aumentar los costes de producción y complicar las decisiones de los bancos centrales. Escrivá no afirmó que esos efectos ya se hayan materializado por completo: alertó de riesgos y de una evolución más persistente de la prevista. Convertir una advertencia en certeza sería exagerar; ignorarla sería separar la energía de los conflictos que condicionan su suministro.
El gobernador también señaló niveles preocupantes de deuda pública en Francia, Estados Unidos y otros países europeos. Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo, no consideró probable que se repita una crisis de deuda como la que golpeó a Europa al inicio de la década pasada. Un nivel elevado de deuda puede ser una vulnerabilidad sin anunciar por sí solo una crisis inminente: también cuentan el margen fiscal, los tipos de interés, la capacidad de crecimiento y la confianza.
Arcadi España, ministro de Hacienda, acusó a algunas potencias mundiales de mantener una estrategia deliberada para “disolver” la Unión Europea. Es una denuncia política, no una prueba detallada presentada en el foro. Una UE dividida tiene menos capacidad para proteger sus intereses económicos, negociar con grandes potencias o amortiguar una crisis energética. Si cada país afronta por separado la deuda, la defensa y el coste social de la transición, la fragmentación puede favorecer a quienes prefieren tratar con capitales aisladas.
La democracia no se rompe siempre de golpe
Las protestas en Francia ocuparon otra parte central del foro. Éléonore Caroit, ministra francesa de Francofonía y Colaboración Internacional, describió un movimiento que empezó con reivindicaciones de estudiantes de bachillerato y se extendió hacia un malestar más amplio. Señaló motivos materiales —entre ellos, la infrafinanciación educativa— y preocupaciones más difíciles de resolver con una partida presupuestaria: el cambio climático, las guerras, la incertidumbre laboral y las dudas sobre el futuro.
La proximidad de elecciones, añadió Caroit, permite que fuerzas políticas de extremos opuestos intenten capitalizar esa inquietud. Cuando los partidos tradicionales parecen incapaces de ofrecer respuestas convincentes, quienes prometen soluciones tajantes pueden encontrar audiencia. Eso no convierte cada protesta en una maniobra partidista ni equipara una reivindicación social con la violencia. Caroit defendió que los gobiernos aprendan a contener las manifestaciones pacíficamente, recuperen la confianza institucional y estudien cómo las redes amplifican los conflictos.
María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, rechazó que la protesta genuina pruebe que la democracia ha dejado de funcionar. La llamó un síntoma de su vitalidad, siempre que se mantenga dentro de cauces no violentos. Democracia no significa ausencia de conflicto, sino capacidad para procesarlo sin convertir al adversario en un enemigo que debe ser expulsado del sistema.
Los datos que citó para América Latina fueron inquietantes: según el Latinobarómetro de octubre, solo el 15% de la población confía en los partidos políticos; el 73% está insatisfecho con la acción de su Gobierno y el 63% prefiere la mano dura para resolver los problemas. Espinosa advirtió que la frustración se dirige menos contra la democracia como idea que contra las instituciones que la representan. Cuando cae la confianza y gana atractivo la promesa de orden, la erosión puede avanzar sin tanques ni una ruptura espectacular.
Un malestar que las instituciones no pueden despachar como ruido
Michelle Muschett, subsecretaria general de la ONU y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, situó la amenaza democrática en esa erosión lenta. La polarización, dijo, no consiste en sostener ideas distintas; aparece cuando el adversario político pasa a ser visto como una amenaza existencial. El problema empieza cuando deja de reconocerse al otro como participante legítimo.
Muschett también mencionó la rápida adopción de la inteligencia artificial y su efecto sobre el espacio cívico, además del crimen organizado, los desastres y el clima extremo. La tecnología puede acelerar la circulación de mensajes y la crispación; la inseguridad y la precariedad desgastan la confianza; los fenómenos climáticos obligan a los gobiernos a responder ante daños que no respetan fronteras. Si las instituciones fallan repetidamente, la erosión democrática se vuelve una experiencia cotidiana.
Espinosa defendió lo público y pidió que las instituciones escuchen y resuelvan demandas. El desgaste suele empezar con fallos concretos: servicios que no llegan, representantes que no responden y promesas de campaña que después se abandonan. En ese vacío se instala la idea de que solo una mano dura puede arreglarlo todo, aunque la fuerza pueda imponer silencio, no confianza.
González Laya planteó preguntas sobre pobreza, inteligencia artificial, productividad y negociación de conflictos. El futuro, dijo, dependerá de las decisiones tomadas ahora y nada es inevitable. La jornada dejó diagnósticos sobre la necesidad de que Europa se integre, la ONU asuma riesgos y las democracias atiendan el descontento. La cuestión pendiente es quién está dispuesto a asumir el coste político de actuar antes de que la próxima crisis estreche las opciones.
