A finales de julio de 2026, cerca de la mitad del territorio de la Unión Europea y el Reino Unido sufría algún grado de sequía. El Rin, el Danubio, el Po y el Loira bajaron a niveles excepcionales; a mediados de septiembre, varias cuencas seguían en situación crítica. Ursula von der Leyen llamó a ese periodo «el verano de la verdad» y advirtió de que la escasez amenaza a la agricultura, la energía y las cadenas de suministro. También recordó un dato menos vistoso que un río seco: las redes europeas pierden casi uno de cada cuatro litros.
La respuesta anunciada fue una nueva Iniciativa Europea del Agua. El nombre suena ambicioso, pero aún faltan los detalles que permiten distinguir una política de un buen discurso: alcance, calendario, financiación y reglas vinculantes. El agua no espera a que Bruselas termine de ajustar el titular.
La dependencia que Europa prefiere no contar
La UE lleva años hablando de autonomía estratégica: reducir dependencias exteriores en energía, materias primas, tecnología y componentes críticos. El agua rara vez aparece en esa lista, aunque sostiene buena parte de lo que Europa quiere producir dentro de sus fronteras. Hace falta para regar cultivos, refrigerar centrales, procesar minerales, mover mercancías y mantener industrias y destinos turísticos. También para actividades asociadas a la nueva economía, desde los centros de datos hasta la producción de hidrógeno verde.
La paradoja es incómoda. Relocalizar fábricas o asegurar el suministro de minerales no elimina la dependencia física: puede trasladarla a los ríos y acuíferos europeos. Una industria instalada en casa sigue necesitando agua, y ninguna declaración política puede fabricar caudal durante una sequía. Según el Banco Central Europeo, la escasez de agua superficial podría poner en riesgo hasta el 24% de la producción económica de la zona del euro. Es una exposición que encaja mal con la idea de que la seguridad económica se resuelve diversificando proveedores extranjeros.
El golpe se transmite primero por sectores concretos. La agricultura concentra más de la mitad de las pérdidas económicas asociadas a la sequía en Europa. Este verano, la producción francesa de maíz se estimó un 42% por debajo de la del año anterior. La energía también acusó el impacto: los bajos caudales obligaron a reducir o detener la producción nuclear en Rumanía y Hungría, en la cuenca del Danubio, por falta de agua para refrigerar las centrales.
Cuando un río se convierte en un problema económico
El Rin muestra cómo una sequía local puede afectar a empresas muy alejadas de la orilla. Es uno de los principales corredores fluviales de mercancías de la UE y este verano algunos tramos alcanzaron mínimos históricos. Muchos barcos solo podían navegar con alrededor del 20% de su carga habitual. El transporte se encareció, los plazos se tensaron y las empresas tuvieron que buscar alternativas en un sistema logístico difícil de reorganizar de un día para otro.
En agosto, el Bundesbank advirtió de que los bajos niveles del río frenarían la actividad alemana durante el tercer trimestre, aunque esperaba un repunte en el cuarto. La previsión puede cumplirse; eso no convierte el daño en irrelevante. El precedente de 2018 invita a no despacharlo como un contratiempo menor: un episodio parecido se asoció a una caída del 0,4% del PIB alemán y llevó a algunas compañías a revisar su logística. Una interrupción breve puede dejar costes duraderos si obliga a cambiar rutas, inventarios o contratos.
La sequía también puede empujar al alza los precios de los alimentos, la energía y el transporte. Philip Lane, economista jefe del BCE, explicó en mayo que un fenómeno extremo aislado puede parecer un shock temporal, pero que su persistencia importa para la política monetaria. También influye la capacidad de adaptación: cuanto menos margen tengan empresas y hogares para absorber el golpe, mayor puede ser el impacto sobre el crecimiento y la inflación.
El BCE calcula que el 22% de los préstamos a empresas está expuesto a la escasez hídrica, lo que convierte el problema en un posible riesgo de crédito y, en última instancia, de estabilidad financiera. Las pérdidas económicas del verano se han estimado en al menos 50.000 millones de euros, aunque no es sencillo separar el efecto de la sequía del del calor extremo: Europa occidental registró su verano más cálido.
España y Hungría no aprendieron la misma lección
Una misma sequía no produce el mismo daño en todas partes. Importan las precipitaciones, pero también las infraestructuras, quién decide cómo repartir el agua y qué episodios ha vivido antes cada sociedad. La adaptación suele responder a las crisis conocidas; el problema es que el clima cambia más rápido que algunas instituciones.
Hungría ha organizado buena parte de su gestión hídrica alrededor de las inundaciones, una herencia de condiciones climáticas distintas. Este año afrontó su peor sequía en 126 años y tuvo que acometer obras de emergencia en el Danubio para mantener la refrigeración de la central nuclear de Paks. No es que el país ignorara el agua: su sistema estaba preparado para otro tipo de amenaza. Cuando cambia el riesgo, la experiencia acumulada puede servir de poco si las prioridades y las obras siguen mirando hacia atrás.
España ofrece otro recorrido. La escasez forma parte de la planificación desde hace décadas, y a embalses y acuíferos se han sumado recursos menos dependientes de la lluvia. Cataluña muestra cómo funciona esa diversificación cuando se mantiene en el tiempo: la sequía de 2007-2008 impulsó la desalación y la más reciente reforzó la reutilización. Entre finales de 2022 y principios de 2025 se llegó a emplear agua regenerada para usos prepotables. Eso ayudó a mantener el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona y evitó restricciones más severas.
Las lluvias torrenciales de principios de octubre no invalidan esas inversiones. Recuerdan que la resiliencia no consiste en adivinar el próximo episodio extremo, sino en contar con opciones cuando falla el sistema habitual. Desalinizar, reutilizar, reparar fugas y reducir consumos cumplen funciones distintas; ninguna resuelve el problema por sí sola.
La OCDE estima que cada dólar invertido en prevenir sequías genera entre dos y tres dólares en beneficios, y que el rendimiento de ciertas inversiones en resiliencia puede multiplicar por diez su coste. Es una cuenta que debería facilitar la defensa de obras poco lucidas, como renovar tuberías. En política, lo invisible suele tener peor prensa que una inauguración, hasta que la tubería pierde millones de litros.
Compartir el agua también es hacer política exterior
Los ríos europeos no respetan fronteras, aunque las competencias y las facturas sí. Cuando baja el caudal, la cuestión deja de ser solo técnica: quién recibe agua, para qué uso y con qué prioridad. En agosto, Italia y Suiza negociaron de urgencia más caudal desde el lago de Lugano para sostener el riego de los arrozales del norte italiano. Fue una negociación concreta entre países que pueden cooperar con normalidad mientras la situación no se vuelve apremiante.
Ese margen se estrecha cuando coinciden varios usos: consumo doméstico, agricultura, industria y generación eléctrica. La gestión de una cuenca compartida puede exigir decisiones rápidas, pero también reglas acordadas antes de que bajen los niveles. Si cada país improvisa durante la emergencia, la diplomacia del agua corre el riesgo de convertirse en una disputa entre quienes tienen más y menos capacidad de presión aguas arriba.
La Unión ha empezado a abordar el asunto con un lenguaje más cercano a la seguridad y la competitividad. Su Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada en 2025, amplía el foco de la Directiva Marco del Agua. En los últimos meses, Bruselas puso en marcha una Plataforma de Partes Interesadas de Resiliencia Hídrica y una Academia Europea del Agua. Desde noviembre de 2025 mantiene también diálogos estructurados con los Estados miembros para acelerar la aplicación de la legislación existente. Que hagan falta conversaciones para aplicar normas ya aprobadas muestra la distancia entre la ambición europea y su ejecución.
Alemania fue el primer país en completar ese diálogo. En una declaración conjunta firmada en Berlín el 5 de octubre, se comprometió a preparar con los Länder una guía para priorizar usos cuando no haya agua suficiente y a estudiar una tasa federal de extracción que incentive un consumo más eficiente. Son medidas con consecuencias distributivas: poner precio al agua o decidir quién tiene prioridad puede mejorar la gestión, pero también generar oposición entre sectores acostumbrados a disponer del recurso a bajo coste.
La cooperación transfronteriza será uno de los ejes de la Conferencia de la ONU sobre el Agua, prevista del 8 al 10 de diciembre en Abu Dabi. La UE llegará con su estrategia; queda por ver qué puede ofrecer más allá de los documentos.
La iniciativa se medirá en dinero, reglas y tuberías
La nueva Iniciativa Europea del Agua puede ordenar prioridades que hoy aparecen dispersas: eficiencia, reutilización, gestión de sequías y cooperación entre países. Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, defendió que el agua se trate como una cuestión de seguridad y competitividad. La idea es razonable; el reto es que la iniciativa produzca cambios sobre el terreno.
El 14 de octubre, la Comisión presentó el Water Resilience Investment Accelerator. El instrumento ofrece, por ahora, asesoramiento y apoyo a 20 proyectos piloto, no financiación directa. Esto importa porque la propia Comisión cifra la brecha de inversión en unos 23.000 millones de euros al año. Un servicio para orientar proyectos puede ser útil, pero no cubre por sí mismo ese déficit ni arregla redes que pierden casi una cuarta parte del agua que transportan.
La gestión de la demanda añade otra dificultad: requiere que los ciudadanos acepten cambios y costes, y que las autoridades expliquen quién paga y quién se beneficia. En el Eurobarómetro de 2024, los europeos señalaron la contaminación como la principal amenaza para el agua. En España, la sequía encabezó las preocupaciones: la mencionó el 34% de los encuestados, frente al 14% de media europea, la cifra más alta de la UE. Una encuesta del Real Instituto Elcano de 2025 encontró que seis de cada diez españoles estaban muy preocupados por el agua y dos de cada tres creían poder reducir su consumo diario. Sin embargo, menos de la mitad estaba dispuesta a pagar más, y las medidas de gestión de la demanda eran las menos populares.
Ese es el nudo político. Se pide ahorro, inversión y cambios de uso; luego llegan las facturas y el apoyo se enfría. Renovar redes, evitar fugas y reutilizar agua no suele dar imágenes memorables, aunque sean medidas más útiles que inaugurar otro plan de emergencia. Sin financiación suficiente y obligaciones claras, la iniciativa puede quedarse en una colección de compromisos voluntarios.
En agosto, el bajo nivel del Rin dejó al descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Colonia y obligó a evacuar la zona para desactivarla. La sequía hizo visible algo enterrado y puso de manifiesto la dependencia hídrica de la economía europea.
