El 25 de octubre de 2026, la Lista Estudiantil obtuvo el 52,9% de los votos y 141 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional serbia. Aleksandar Vučić reconoció la derrota. Tras catorce años de hegemonía del Partido Progresista Serbio (SNS), el resultado abre la posibilidad de una alternancia; el desafío será convertirla en cambios institucionales duraderos.
Una victoria que no cabe en el recuento
La mayoría absoluta se alcanza con 126 escaños. La Lista Estudiantil obtuvo 141, quince por encima del umbral, frente a los 103 diputados de la candidatura encabezada por Vučić, que reunió el 38,8% de los votos. La participación, cercana al 70%, fue la más alta desde la desintegración de Yugoslavia. El resultado muestra que la candidatura movilizó a electores que llevaban tiempo sin encontrar una opción capaz de desafiar al poder.
El SNS llegaba a las urnas con una maquinaria territorial consolidada, redes clientelares e influencia sobre los principales medios, las empresas públicas y distintas instituciones estatales. La competencia electoral existía, pero se desarrollaba en un terreno inclinado. La victoria de la Lista Estudiantil demuestra que la alternancia es posible incluso cuando quienes gobiernan acumulan ventajas que van más allá de la campaña.
Una mayoría parlamentaria no equivale, sin embargo, a una transformación democrática consumada. Los votos permiten formar Gobierno y aprobar leyes, pero no deshacen por sí solos los vínculos entre poder político, intereses económicos y estructuras administrativas construidos durante años. Tampoco garantizan que los medios recuperen independencia o que los controles institucionales empiecen a funcionar de inmediato. Vučić perdió el mandato, pero las redes que sostuvieron su poder siguen ahí.
De la protesta a una candidatura común
La movilización comenzó en noviembre de 2024, al calor de las protestas contra la corrupción y el deterioro institucional. Convertir una protesta prolongada en una alternativa electoral exigía organización, presencia territorial y una respuesta a la pregunta de qué vendría después. Los estudiantes lograron dar ese paso sin diluirse en la oposición tradicional, fragmentada y castigada por sucesivas derrotas.
La Lista Estudiantil no se presentó como un partido convencional ni se limitó a reunir a activistas universitarios. Incorporó a profesores, médicos, intelectuales, profesionales y representantes de organizaciones civiles. Esa composición atrajo a ciudadanos de posiciones distintas —liberales, conservadores, nacionalistas y europeístas— en torno a un conjunto acotado de reclamos: combatir la corrupción, exigir responsabilidad política y defender instituciones independientes.
La fórmula permitió que electores que querían apartar al SNS del poder apoyaran la candidatura sin tener que aceptar por completo el programa de otro partido. En una oposición marcada por las divisiones, construir un espacio común fue una decisión estratégica.
La coalición se formó alrededor de un adversario y un diagnóstico compartidos, pero gobernar exigirá decidir sobre asuntos en los que las diferencias pueden pesar más: hasta dónde llegar con las reformas, qué medidas tomar contra las redes clientelares y cómo gestionar los vínculos económicos y políticos con el antiguo Gobierno. Una organización descentralizada puede repartir poder y evitar un liderazgo personalista, pero también puede tardar en acordar una respuesta cuando haga falta actuar deprisa. El movimiento tendrá que sostener su unidad una vez que ya no baste con pedir la salida del SNS.
La participación inclinó la balanza
La participación cercana al 70% fue central para el resultado. El SNS contaba con una base relativamente disciplinada y una organización extendida por el país; la Lista Estudiantil necesitaba compensar esa ventaja movilizando a jóvenes y a personas desencantadas con la oposición habitual. La cifra, la más alta desde la desintegración de Yugoslavia, indica que intervinieron electores que antes podían abstenerse o asumir que el resultado estaba decidido.
En sistemas donde el Gobierno tiene una presencia dominante en los medios y acceso a recursos estatales, una participación alta puede reducir el peso de las redes que movilizan a sus apoyos de manera previsible. No corrige por sí sola las desigualdades ni convierte una campaña asimétrica en una competición limpia, pero puede limitar la ventaja organizativa del oficialismo.
El paralelismo con Hungría es difícil de ignorar. El 12 de abril de 2026, Viktor Orbán perdió tras dieciséis años en el poder frente al partido Tisza, liderado por Péter Magyar. Tisza obtuvo más del 53% de los votos y una mayoría de dos tercios, con una participación cercana al 80%. En ambos países, las elecciones competitivas convivieron con una fuerte concentración del poder ejecutivo, influencia gubernamental sobre los medios y erosión de la independencia judicial. En los dos casos, una participación muy elevada contribuyó a superar ventajas acumuladas por el Gobierno.
Las alternativas, no obstante, se organizaron de manera distinta. Magyar construyó la suya alrededor de su liderazgo; la Lista Estudiantil apostó por una candidatura colectiva y descentralizada. La fórmula serbia depende menos de una sola figura, pero puede tener más dificultades para mantener la cohesión. Ganar con una identidad amplia no garantiza que sea posible gobernar con ella.
El precedente húngaro y los límites de la alternancia
Las derrotas de Orbán y Vučić tienen relevancia más allá de sus fronteras. Ambos gobiernos mantuvieron elecciones competitivas mientras debilitaban los contrapesos, ampliaban su influencia sobre los medios y utilizaban recursos estatales para reforzar su posición. No hace falta cancelar los comicios para limitar a la oposición si se puede moldear el terreno electoral y reducir la capacidad de las instituciones para vigilar al Ejecutivo.
Que ambos sistemas hayan experimentado alternancia demuestra que esa concentración no es invulnerable. Pero las instituciones no se reparan con la misma rapidez con que cambia una mayoría parlamentaria. Los antiguos gobernantes dejan nombramientos, vínculos económicos, rutinas administrativas y lealtades políticas. Algunas conexiones desaparecen; otras se adaptan, esperan o buscan influir desde fuera del Gobierno.
La organización que venció en Serbia no tiene la estructura de un partido tradicional ni un liderazgo único equivalente al de Magyar. Eso puede servir de contrapeso al personalismo del sistema de Vučić, aunque no necesariamente facilite la gestión cotidiana. La política exige negociar presupuestos, ordenar prioridades y asumir decisiones impopulares. La plataforma tendrá que traducir sus exigencias de transparencia en reglas concretas.
También deberá evitar que una victoria amplia se interprete como permiso para acelerar cualquier reforma o para considerar de mala fe a quienes discrepen. La independencia judicial y los controles institucionales deben limitar también al Gobierno entrante, cuando se equivoque o abuse de su poder.
La segunda oportunidad que Serbia ya tuvo
La comparación más delicada no está en Budapest, sino en octubre de 2000. La caída de Slobodan Milošević abrió expectativas de democratización, modernización e integración europea. El cambio político fue real, pero no bastó para transformar el Estado. Las estructuras e intereses vinculados al antiguo régimen conservaron capacidad de influencia. El asesinato del primer ministro reformista Zoran Đinđić, el 12 de marzo de 2003, mostró hasta qué punto las redes criminales y ciertos sectores de seguridad seguían siendo un obstáculo para la reforma.
Serbia no empieza de cero ni se enfrenta por primera vez al desafío de sustituir a un poder arraigado. La experiencia de 2000 mostró que sacar a un dirigente del Gobierno no equivale a desmantelar las condiciones que hicieron posible su dominio. La reconstrucción institucional puede atascarse o chocar con actores que no aparecen en una papeleta, pero conservan recursos y capacidad de presión.
Los 141 escaños ofrecen margen para legislar y una legitimidad difícil de discutir, pero no eliminan la debilidad de los contrapesos, las divisiones sociales ni los intereses económicos ligados a la etapa anterior. Para que la promesa de Estado de derecho tenga contenido, habrá que ver cómo se investigan las denuncias de corrupción, qué autonomía reciben los organismos de control, si la justicia puede actuar sin instrucciones políticas y si los medios dejan de operar bajo la sombra del poder.
La Lista Estudiantil también tendrá que evitar que la rendición de cuentas se convierta en una revancha. Sin transparencia, el cambio puede reemplazar unas redes de lealtad por otras. Y, dada la heterogeneidad de la candidatura, conservar la confianza de quienes la apoyaron requerirá acuerdos visibles, no solo llamados a la unidad.
La pregunta ya no es si Vučić podía ser derrotado: obtuvo el 38,8% de los votos frente al 52,9% de sus rivales. La cuestión es si quienes ganaron podrán limitar el poder cuando les pertenezca. Tras la experiencia de 2000, la prueba será establecer controles institucionales que se apliquen también al nuevo Gobierno.
