El 10 de octubre, la policía de Delhi negó el permiso para una protesta contra la revisión del censo electoral y desplegó miles de agentes. Dirigentes del Partido del Congreso, entre ellos Rahul Gandhi y Priyanka Gandhi, fueron detenidos brevemente. Al día siguiente, Jantar Mantar perdió su condición de recinto habilitado para manifestaciones. La convocatoria reunió menos gente que las protestas de julio, pero planteó una disputa más seria: quién puede votar y quién decide qué nombres permanecen en las listas.
El movimiento que la encabeza tiene un nombre difícil de olvidar: Partido Popular de las Cucarachas, o CJP. La etiqueta alude, con ironía, al insulto que el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, dirigió a jóvenes sin empleo. La metáfora tiene un reverso: las cucarachas son conocidas por sobrevivir a los intentos de aplastarlas.
Una protesta que dejó de hablar solo de empleo
En julio, tres movilizaciones coincidieron frente al Parlamento de Delhi. La National Conference reclamaba que Jammu y Cachemira recuperase la condición de estado; organizaciones de mujeres exigían aplicar la cuota de representación femenina; y el CJP pedía la dimisión del ministro de Educación por la filtración de exámenes. El paro juvenil, la integridad de las pruebas y la representación política estaban sobre la mesa: asuntos distintos, unidos por la sensación de que las instituciones toman decisiones sobre una generación a la que apenas dejan intervenir.
En octubre, el foco pasó a la llamada revisión intensiva especial —SIR, por sus siglas en inglés— de los censos electorales, un proceso de la Comisión Electoral de la India (CEI) que puede determinar quién figura en el registro antes de una elección. La cuestión ya no era solo si el sistema ofrecía suficientes empleos o si los exámenes eran limpios, sino si una depuración opaca de las listas podía privar a ciudadanos del derecho efectivo a participar.
La respuesta oficial refleja el peso político de esa disputa. Una protesta por empleo puede incomodar al gobierno; una movilización que cuestiona la administración de las elecciones pone en duda al árbitro, las reglas y el resultado. No todas las denuncias contra el SIR están probadas ni todo nombre señalado ha sido eliminado irregularmente. Pero el procedimiento afecta a cientos de millones de personas, y las dudas sobre sus reglas requieren respuestas, no descalificaciones.
En mayo y julio, las reclamaciones eran más fáciles de clasificar como agravios económicos o sectoriales. En octubre se sumaron a la protesta partidos opositores del bloque INDIA: el Congreso, el Aam Aadmi Party, la izquierda, el Trinamool Congress, el Samajwadi Party, Shiv Sena (UBT) y el NCP-SP. La coalición es heterogénea y no se caracteriza por su unidad, pero encontró un terreno común en la transparencia electoral.
La movilización también se extendió a Bengaluru, Chennai, Kolkata y Mumbai. Esa presencia en varias ciudades sugiere que la controversia puede prolongarse más allá de una jornada policial e influir en estados que celebran elecciones en 2027.
El censo: una operación administrativa con consecuencias políticas
La CEI presenta el SIR como un ejercicio para retirar de las listas registros de personas fallecidas, trasladadas, duplicadas o que no sean ciudadanas. En los borradores de 30 estados y territorios, al menos 130 millones de electores aparecieron clasificados como ausentes, desplazados, fallecidos o duplicados. La Comisión sostiene que esa clasificación provisional no equivale a una eliminación definitiva y que, tras el periodo de reclamaciones, el recorte final fue menor. La diferencia es relevante, aunque no resuelve las dudas sobre el procedimiento.
Las revisiones anuales anteriores solían corregir un registro provisional. Esta vez, el método parte prácticamente de cero y requiere verificaciones casa por casa. Cada votante debe devolver un formulario firmado; quien no aparezca en las listas de 2002-2003 tiene que presentar uno de los 11 documentos aceptados. El Tribunal Supremo ordenó incorporar también el Aadhaar, el número de identidad, aunque este no demuestra la ciudadanía. Para una población afectada por la pobreza, la migración laboral frecuente y los archivos familiares incompletos, reunir esos documentos puede ser difícil.
Una lista electoral puede excluir sin que la persona afectada llegue a saberlo. Puede no recibir el aviso, no entender el plazo, trabajar lejos de su domicilio o no conseguir el documento requerido. El recurso existe, pero depende de que la persona sepa que debe presentarlo y logre hacerlo a tiempo. Un error corregible puede convertirse en una privación de derechos por una dirección antigua o una letra mal escrita.
La primera fase del SIR precedió a las elecciones de Bihar. La segunda alcanzó 12 estados y territorios, incluidos Bengala Occidental, Tamil Nadu y Kerala, que votaron en abril de 2026. Una tercera fase continúa, mientras siete asambleas estatales —entre ellas las de Uttar Pradesh, Punyab y Guyarat— tienen elecciones previstas para 2027. Si el registro no inspira confianza antes de esos comicios, cada borrado discutido puede alimentar acusaciones de manipulación, aunque demostrar una intención coordinada sea más difícil que documentar un fallo concreto.
Durante las ocho revisiones intensivas anteriores, el electorado había aumentado; esta vez, en cambio, disminuyó. Esa diferencia requiere una explicación pública, datos comparables y vías de apelación comprensibles. Sin ellos, la «depuración» puede alimentar la desconfianza en lugar de disiparla.
¿Quién queda fuera cuando se limpia el registro?
Los críticos del SIR sostienen que las exclusiones no se distribuyen de manera neutral. La Comisión replica que sus listas no registran la religión de los ciudadanos. Formalmente es así, pero los nombres pueden sugerir la religión de una persona y una errata puede hacer que desaparezca del registro definitivo. La ausencia de una casilla religiosa no demuestra que el efecto sea igual para todos.
Bengala Occidental ofrece el ejemplo más discutido. De unos nueve millones de nombres borrados, cerca del 63% correspondía a hindúes y el 34% a musulmanes, según los datos citados. Estos últimos representan alrededor del 27% de la población del estado. Las cifras no describen una expulsión dirigida exclusivamente contra musulmanes, pero no resuelven la cuestión del impacto proporcional: una comunidad puede estar sobrerrepresentada entre los excluidos sin constituir la mayoría absoluta de quienes perdieron su inscripción.
Entre los grupos afectados figuran los matuas, comunidad de origen migrante, mayoritariamente namasudra y clasificada como dalit. Algunos análisis citados sitúan sus tasas de exclusión entre el 88% y el 94%. Muchos de sus integrantes apoyan al BJP de Narendra Modi. Por eso, el perjuicio atribuido a la revisión no encaja sin más en la idea de que un partido elimina votantes de sus adversarios: la maquinaria puede afectar también a electorados que el propio poder considera aliados.
Para determinar si existe un patrón de discriminación hacen falta datos desglosados, criterios verificables y una revisión independiente de las decisiones. La CEI afirma que no clasifica por religión; quienes la cuestionan sostienen que el efecto puede reconocerse por otras vías. Publicar información suficiente permitiría comprobar esas afirmaciones.
La llegada del BJP al gobierno de Bengala Occidental, poniendo fin al dominio del Trinamool Congress desde 2011, elevó la tensión. Para la oposición, el cambio de poder y las listas cuestionadas forman parte de una alarma más amplia sobre la competencia electoral. Los datos disponibles no permiten atribuir el resultado a un único mecanismo. La incertidumbre de los ciudadanos sobre si podrán votar, o sobre por qué dejaron de figurar en el censo, basta para explicar la inquietud.
Las elecciones generales de India movilizan a casi 970 millones de electores y se organizan en fases durante unas seis semanas. Esa escala aumenta tanto la dificultad de administrar el proceso como el coste de no poder auditarlo con claridad.
La juventud está en la calle, pero no en las instituciones
La disputa ocurre en una India joven, gobernada en buena medida por instituciones que no lo son. La edad media del país ronda los 29 años, según estimaciones de Naciones Unidas. La generación Z supera el 27% de la población y representa cerca del 23% del electorado; los mileniales suman alrededor del 22%. La generación Alpha, todavía demasiado joven para votar, constituye aproximadamente otro 20%. La demografía ya cambió; la representación política, bastante menos.
Menos del 10% de los miembros de la Lok Sabha tiene 40 años o menos, mientras que la edad media de la Cámara Baja es de 56. No hay una causa única: el sistema electoral, la selección de candidatos y las jerarquías internas de los partidos tienden a favorecer a quienes llevan años controlando recursos, redes y posiciones. Los jóvenes pueden ser mayoría social sin tener una presencia equivalente en los espacios donde se decide quién compite por el poder.
Eso no convierte a toda una generación en un bloque político uniforme. La preferencia electoral juvenil varía entre edades y estados, y también lo hace la participación. Según encuestas de Lokniti-CSDS, los votantes de 18 a 21 años acudieron a las urnas unos seis puntos por debajo de la media, mientras que los de 22 a 25 alcanzaron aproximadamente el 68%, frente al 65,8% nacional en las elecciones generales de 2024. La Comisión Electoral no publica datos de participación desglosados por edad.
Algunos jóvenes participan menos en las urnas y, al mismo tiempo, se han hecho visibles en protestas sobre empleo, exámenes y derechos políticos. La calle no sustituye al voto, pero puede ser un espacio para poner temas en la agenda cuando una generación tiene poca presencia parlamentaria. El CJP canaliza parte de esa frustración; sus integrantes no responden necesariamente a una sola causa ni carecen por ello de programa.
Las mujeres llevan a esa movilización sus propias demandas. Son cerca del 48% de la población, pero ocupan solo 74 escaños, aproximadamente el 14% de la Lok Sabha. En julio, organizaciones de mujeres protestaron en Jantar Mantar para exigir la aplicación de la ley que reserva el 33% de los escaños, la Nari Shakti Vandan Adhiniyam. A finales de septiembre, mujeres jóvenes denunciaron la inseguridad en los campus tras la violación grupal de una adolescente de 17 años en un parque cercano a la Universidad de Delhi.
Paro, seguridad, representación y acceso al voto son asuntos distintos, pero quienes soportan sus consecuencias tienen una representación institucional menor que su peso social. La decisión de cerrar un espacio de protesta o detener preventivamente a dirigentes hizo más visible esa distancia.
La respuesta policial también es un mensaje
La policía de Delhi justificó la negativa a celebrar la protesta en Jantar Mantar alegando que el lugar podía acoger de forma segura a unas 1.000 personas, mientras que para el 10 de octubre se esperaban alrededor de 7.000. La explicación logística puede ser razonable en abstracto. Sin embargo, al día siguiente se retiró al recinto su condición de lugar de protesta, y una cuestión de aforo pasó a ser también una cuestión sobre el espacio permitido para disentir.
Los medios estimaron que se desplegaron entre 20.000 y más de 60.000 policías y paramilitares, y hablaron de miles de detenciones preventivas, incluidos dirigentes del CJP y líderes estudiantiles. Las cifras varían mucho. Aun así, la escala del operativo llamó la atención: la concentración de octubre reunió menos gente que la de julio, pero recibió una respuesta más severa.
La protesta de julio cuestionaba el empleo y la filtración de exámenes; la de octubre, la confianza en el sistema electoral. El gobierno puede considerar más peligrosa una movilización política aunque tenga menos asistentes, porque la disputa afecta a la legitimidad de las reglas y no solo a una política pública. Esa diferencia ayuda a entender la respuesta, pero no la justifica por sí sola.
También es objeto de controversia el funcionamiento interno de la Comisión Electoral. Según The Indian Express, dos de sus tres comisionados, Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi, objetaron formalmente al menos 14 veces en diez meses decisiones sobre el SIR que, según ellos, se tomaron sin su conocimiento. Los cuestionamientos apuntan al jefe de la Comisión, Gyanesh Kumar, cuya dimisión reclama el movimiento. La ley establece que los tres comisionados deben decidir conjuntamente y por mayoría. Si la información periodística es correcta, está en juego quién tuvo autoridad para tomar decisiones con consecuencias nacionales.
La policía puede despejar una plaza y detener a organizadores, pero esas medidas no resuelven las dudas sobre el procedimiento electoral. Si se restringe la protesta cuando la administración del censo está en cuestión, la respuesta coercitiva puede convertirse en parte de las críticas a las instituciones.
Una democracia enorme, y con poco margen para la complacencia
La controversia india se inscribe en una tendencia internacional. V-Dem clasifica al país como una «autocracia electoral», mientras Freedom House lo describe como «parcialmente libre», con 62 puntos sobre 100. Son diagnósticos elaborados con metodologías propias: no sustituyen el análisis de cada elección ni prueban que el sistema haya dejado de ser competitivo. Sí muestran que la calidad institucional y las libertades políticas forman parte del debate internacional sobre India.
Administrar casi 970 millones de votantes, cientos de circunscripciones y elecciones escalonadas durante semanas exige una capacidad estatal extraordinaria. La escala, sin embargo, no elimina la necesidad de procedimientos comprensibles. Si una comisión pide confianza mientras no explica cambios en el censo o mantiene opacos sus desacuerdos internos, deja espacio para que sus críticos interpreten los vacíos.
Los partidos de oposición también tienen incentivos para convertir errores administrativos en acusaciones de ingeniería electoral y usar las protestas para recuperar presencia pública. Eso no vuelve irrelevantes las objeciones, pero sí hace necesario distinguir entre denuncias demostradas, patrones que requieren investigación y consignas partidistas. Para ello se necesitan instituciones cuya credibilidad no dependa de una sola oficina.
Las elecciones de 2027 serán una prueba concreta. Si los ciudadanos pueden corregir sus datos con tiempo, se publican cifras comparables sobre inclusiones y exclusiones y los comisionados deciden conforme a las reglas, la tensión podría reducirse. Si las listas siguen siendo difíciles de auditar, cada estado que vote heredará la sospecha.
La democracia india ha sobrevivido a numerosas predicciones sobre su fracaso inevitable, algunas basadas en su extensión, su diversidad y su población. Esa capacidad de resistencia no la hace inmune a los problemas actuales. El modo en que el poder responda a la protesta y a las dudas sobre el registro electoral influirá en la confianza pública de cara a los próximos comicios.
