El 25 de octubre, Serbia votará en unas elecciones parlamentarias anticipadas convocadas tras casi dos años de protestas. El detonante fue el derrumbe de la marquesina de la estación de ferrocarril de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024. Desde entonces, una movilización iniciada por estudiantes ha mantenido la presión sobre el gobierno y ha atraído a ciudadanos hartos de la corrupción, el clientelismo y unas instituciones que muchos consideran sometidas al poder político.
La papeleta enfrenta dos proyectos que discrepan sobre quién debe gobernar, cómo se reparte el poder y hacia dónde debería orientarse Serbia. Aleksandar Vučić, tras dos mandatos presidenciales, no puede volver a presentarse a la presidencia y aspira ahora a ser primer ministro. Frente a su coalición, la Lista Estudiantil quiere llevar al Parlamento las demandas de unas protestas expresadas hasta ahora, sobre todo, en la calle. La disputa ya no cabe en la vieja etiqueta de izquierda contra derecha.
La marquesina cayó; la desconfianza ya estaba ahí
El accidente de Novi Sad convirtió el descontento en una protesta sostenida. La indignación no se limitó a la tragedia ni a las preguntas sobre responsabilidades: prendió en una sociedad marcada por años de recelo hacia las instituciones y por la percepción de que los vínculos políticos pesan más que las reglas. Las movilizaciones estudiantiles dieron forma a una demanda amplia, aunque difícil de condensar: que los cargos públicos rindan cuentas y que las instituciones puedan actuar sin recibir instrucciones del poder.
Ahí empieza la disputa por el significado de las protestas. Para quienes las apoyan, son una exigencia de democratización y responsabilidad pública. Vučić y sus partidarios las presentan como una amenaza a la estabilidad y han denunciado una supuesta influencia extranjera. El presidente llegó a hablar de una «revolución de color» y relacionó las presiones externas con la negativa serbia a imponer sanciones a Rusia. Así, una disputa sobre la rendición de cuentas se convierte en otra sobre la soberanía nacional.
Ese marco puede desplazar la conversación desde la corrupción y el funcionamiento institucional hacia la defensa del país frente a supuestos injerencistas. También puede ahondar la desconfianza: quienes ya recelan de los árbitros políticos encuentran otro motivo para pensar que las críticas se descalifican antes de responderlas.
Los datos de CRTA y del Democracy Action Lab de Stanford, recogidos en junio de 2026, reflejan esa contradicción: seis de cada diez serbios consideran que la democracia es el mejor sistema político, pero una proporción similar está insatisfecha con su funcionamiento en el país. No es un rechazo a la democracia como idea, sino la sospecha de que las reglas existen, pero no protegen a todos por igual.
Dos listas, dos maneras de entender el poder
La coalición de continuidad, «Aleksandar Vučić-Serbia Unida», está encabezada por el Partido Progresista Serbio (SNS) y reúne a socios habituales como el Partido Radical Serbio (SRS), PUPS, el Partido de los Trabajadores y el Partido Popular Campesino. Su lema —«Toquemos madera para no gafar a Serbia. Unámosla y sigamos adelante»— tiene una ligereza casi supersticiosa. El mensaje político es más serio: no alterar el rumbo cuando hay inversiones, obras y cierta estabilidad que defender.
Vučić ocupa el centro de esa propuesta aunque aspire a cambiar de cargo. Tras dos mandatos presidenciales, su candidatura a primer ministro plantea una pregunta que va más allá de los tecnicismos constitucionales: ¿cuánto cambia el sistema si la figura dominante sigue al mando desde otro puesto? La continuidad puede mantenerse incluso cuando la ley impide repetir exactamente la misma fórmula.
La otra gran opción es la Lista Estudiantil-Los Estudiantes Ganan, respaldada por el movimiento estudiantil. No está formada por los dirigentes que encabezaron las protestas, sino por profesionales, personalidades e intelectuales a quienes el movimiento ha confiado la tarea de traducir sus demandas al lenguaje parlamentario. Su lema, «Serbia o mafia», busca trazar una frontera moral entre el país que reclama instituciones y el entramado que, según sus críticos, se beneficia de su debilidad.
Fuera de esos dos polos concurren otras fuerzas, entre ellas Serbia Europea —con el Partido de la Libertad y la Justicia, Serbia Centro y Solidaridad-Autodefensa-Liberación— y Derecha Auténtica, que agrupa a Nueva DSS, los monárquicos y la coalición NADA. Su presencia importa, pero la desconfianza estudiantil hacia los partidos opositores tradicionales limita su capacidad para presentarse como alternativa común. La Lista Estudiantil deberá demostrar que puede convertir las demandas de la calle en organización, votos y acuerdos.
Estabilidad para unos; instituciones para otros
El SNS ordena su campaña alrededor de la estabilidad, el crecimiento económico y la soberanía. Vučić se ofrece como garantía de inversiones, grandes infraestructuras y continuidad, y presenta los últimos dos años como una etapa de bloqueos y divisiones que Serbia necesita dejar atrás. Para parte del electorado, el cambio institucional puede sonar abstracto frente a obras visibles, empleos o el temor a que una crisis política sacuda la vida cotidiana.
La Lista Estudiantil pone el acento en la corrupción, la responsabilidad de los cargos públicos, la independencia institucional y el Estado de derecho. Son asuntos menos visibles que una carretera nueva, pero determinan quién controla el dinero, quién investiga las irregularidades y quién puede exigir explicaciones. No hay garantía de que una lista nueva resuelva problemas tan arraigados; la continuidad tampoco los ha resuelto.
La Comisión Europea describe en su informe de 2026 dificultades persistentes en la independencia judicial y la autonomía de la fiscalía, la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la autonomía de los medios, la reforma electoral y el funcionamiento de los contrapesos institucionales. También advierte de un aumento significativo de la presión política sobre jueces y fiscales durante el último año. El diagnóstico pone en cuestión las promesas de estabilidad que no expliquen qué instituciones podrían controlar al gobierno cuando las cosas salgan mal.
Para la coalición de Vučić, estabilidad significa preservar la capacidad de decisión y evitar que la confrontación paralice el país. Para los estudiantes y sus simpatizantes, requiere instituciones que no dependan del carácter, la popularidad o la voluntad de una sola persona. Una propuesta prioriza el orden; la otra, los controles sobre quienes lo administran.
Belgrado quiere conservar todas las puertas abiertas
La política exterior serbia también entra en la papeleta, aunque no siempre de forma explícita. Durante más de una década, Vučić ha defendido una estrategia de «cuatro pilares»: mantener relaciones con la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China, sin atarse por completo a ninguno. Esa flexibilidad dio a Belgrado margen para negociar y proyectar una autonomía mayor que la de muchos países de su tamaño. La guerra en Ucrania y la rivalidad entre potencias han estrechado ese margen.
El gobierno justifica la estrategia con una lectura multipolar del sistema internacional: si el orden liberal ya no organiza las relaciones como antes, Serbia debería cuidar sus vínculos con todos los actores principales y evitar una alineación exclusiva. La posición puede resultar atractiva en un país con memoria histórica propia y sensibilidad ante las presiones externas, pero también puede aplazar decisiones incómodas cuando las señales de sus socios empiezan a ser incompatibles.
La diferencia entre los electorados es notable. Según la encuesta de CRTA y Stanford, el 75% de los simpatizantes de la Lista Estudiantil quiere relaciones más estrechas con la UE. Entre los votantes del SNS, solo el 15% comparte esa preferencia; una mayoría se inclina por fortalecer los vínculos con Rusia. Esto no significa que cada votante tenga un programa exterior detallado, pero sí que la división política tiene una dimensión geopolítica: para unos, Europa es el horizonte deseable; para otros, Rusia conserva una afinidad y un valor estratégico que Bruselas no reemplaza.
La soberanía sirve para defender proyectos diferentes. Para Vučić, significa preservar autonomía entre grandes potencias; para sus críticos, construir instituciones sólidas para que las decisiones nacionales no dependan de un círculo estrecho de dirigentes. La disputa consiste en quién define el interés nacional y con qué controles.
La adhesión europea avanza a paso de trámite
Serbia negocia su adhesión a la Unión Europea desde 2014. Doce años después, ha abierto 22 de los 35 capítulos y solo ha cerrado provisionalmente dos. La distancia entre el discurso oficial —la adhesión sigue siendo el objetivo estratégico— y el ritmo de las negociaciones alimenta la impresión de que Belgrado quiere conservar el destino europeo en el mapa sin aceptar todos los costes políticos del viaje.
La Comisión Europea señala dos condiciones que pesan especialmente: reformas en el Estado de derecho y normalización de las relaciones con Kosovo. A ellas se suman decisiones internas y exteriores que tensan la credibilidad de Serbia ante sus socios europeos. Entre ellas figuran el funeral oficial a Ratko Mladić, criminal de guerra, y la negativa a imponer sanciones a Rusia. Son asuntos distintos, pero ambos complican la idea de que la política serbia converge sin fricciones con las expectativas de la UE.
El atasco no se explica solo por falta de voluntad europea ni solo por resistencia en Belgrado. El proceso de ampliación tiene sus propias limitaciones políticas, y los gobiernos de la UE no siempre muestran el mismo entusiasmo por incorporar nuevos miembros. Aun así, las reformas que Bruselas exige afectan al funcionamiento interno del Estado serbio. Jueces independientes, una fiscalía autónoma, medios plurales y elecciones con garantías no son adornos administrativos que puedan dejarse para el final de la negociación.
Una relación más estrecha con Europa tampoco resolvería por sí sola el problema. La candidatura estudiantil tendrá que explicar cómo reconstruir la confianza institucional y gestionar una política exterior que hasta ahora se apoya en mantener varias puertas abiertas. El estancamiento europeo es un dato diplomático y refleja una disputa interna sobre qué compromisos acepta Serbia y quién está dispuesto a supervisarlos.
¿Puede la calle cambiar el sistema?
Una encuesta de CRTA realizada en junio, antes de convocarse las elecciones, situaba a la Lista Estudiantil en torno al 44,9% entre quienes ya habían decidido su voto, frente al 35,7% del SNS. Es una ventaja potencialmente importante, pero no un resultado anticipado: la medición precede a la campaña y deja fuera a quienes aún no habían decidido su opción. Además, quienes conocen bien a Vučić sostienen que no habría convocado elecciones anticipadas si no creyera que puede ganarlas. La elección está abierta, aunque eso no significa que todas sus consecuencias sean imprevisibles.
El dato ayuda a entender por qué la apuesta estudiantil merece atención. El movimiento ha conectado una protesta sostenida con un malestar social más amplio y ha convertido la rendición de cuentas en una cuestión electoral. El paso de la movilización a la política institucional, sin embargo, cambia las reglas. La lista tendrá que mantener una coalición diversa, tomar decisiones concretas y demostrar que puede convertir su crítica al sistema en una forma de gobernar.
Para Vučić, el reto es distinto. Presentar su candidatura a primer ministro como continuidad puede ser una señal de control, pero también confirma la personalización del poder que la oposición cuestiona. Si cambia de cargo sin que cambien los centros efectivos de decisión, la renovación institucional será más nominal que sustantiva. Si la coalición estudiantil consigue una representación fuerte, tendrá que lidiar con unas instituciones cuya autonomía y funcionamiento están en el centro de la disputa.
El 25 de octubre se pondrá a prueba si casi dos años de protesta pueden abrir espacio dentro del Estado o si el sistema construido alrededor de Vučić conserva capacidad para absorber el desafío y seguir funcionando con otro reparto formal de cargos. La elección medirá el apoyo a dos propuestas: la continuidad bajo un liderazgo conocido y la exigencia de someter el poder a controles institucionales.
