El 8 de julio de 2025, un dron maliense atacó un vehículo en Zouera, en la región de Tombuctú. La explosión prendió fuego a una estructura cercana. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), murieron cuatro personas, entre ellas tres niñas; otras cinco recibieron atención médica. La televisión estatal presentó el ataque como una operación precisa contra un vehículo de abastecimiento de «terroristas».
El mercado de Zouera no era un objetivo vacío
Las imágenes difundidas por la televisión maliense ORTM1 muestran a una persona caminando junto al vehículo instantes antes del impacto. La detonación incendió el edificio cercano y varias personas huyeron. En grabaciones posteriores se ven el vehículo destruido, una columna de humo negro y la estructura envuelta en llamas. Bellingcat ubicó el ataque en las coordenadas 16.84589, -3.85213, dentro de Zouera. Imágenes satelitales tomadas al día siguiente muestran una nueva marca de quemadura en el lugar.
El comunicado de MSF, publicado el 11 de julio, informó de cuatro muertos y cinco heridos atendidos en el centro de salud local, uno de ellos en estado grave. La organización identificó a tres de las personas fallecidas como niñas. La investigación conjunta de Bellingcat y Jeune Afrique examinó más de una docena de ataques con drones y geolocalizó varios en los que se reportaron víctimas civiles. No es un recuento completo: en el norte de Mali hay zonas remotas, falta acceso independiente y muchas operaciones no dejaron imágenes verificables.
Un vehículo puede ser un objetivo militar, pero eso no convierte automáticamente en combatientes a quienes están alrededor. La cámara registra el momento del impacto, pero no demuestra por sí sola quién iba en el vehículo, qué información tenía el ejército antes de disparar ni si se tomaron medidas para proteger a quienes estaban cerca.
La discrepancia no prueba por sí misma que la operación fuera ilegal, pero deja preguntas sin respuesta sobre cómo se identificó el objetivo, qué daños previsibles se calcularon y si hubo una investigación posterior. Bellingcat preguntó a las Fuerzas Armadas de Mali (FAMa) por sus hallazgos y por las posibles víctimas civiles. Al cierre de la investigación no había recibido una respuesta sustantiva.
Amasrakad: el segundo ataque alcanzó a quienes buscaban refugio
En marzo de 2024, las FAMa publicaron imágenes de dos ataques con drones en Amasrakad, también en el norte del país. La secuencia muestra primero un impacto contra una camioneta estacionada y después otro contra un recinto cercano. En las imágenes del segundo ataque, varias personas corren antes de la explosión. Bellingcat ubicó ese impacto en las coordenadas 17.081613, 0.768012; France 24 había geolocalizado el primero en 17.08402, 0.76204.
Según sobrevivientes citados por Amnistía Internacional, la camioneta pertenecía al centro de salud local. Tras el primer ataque, vecinos buscaron refugio en una tienda dentro del recinto próximo. El segundo dron golpeó allí. Amnistía informó que al menos 13 civiles murieron, siete de ellos niños, y que más de una docena resultaron heridos. Jeune Afrique obtuvo el testimonio de un hombre que filmó las imágenes posteriores: dijo que en el segundo ataque murieron 13 miembros de dos familias y que ayudó a trasladar a ocho heridos a centros médicos. El testimonio coincide con el relato recogido por Amnistía, aunque no verifica de forma independiente cada detalle.
Las FAMa dijeron que habían «neutralizado» a varios terroristas y destruido material y vehículos militares. El grupo separatista CSP denunció que habían muerto 13 personas, en su mayoría mujeres y niños. Imágenes posteriores difundidas por un portavoz del Frente de Liberación de Azawad (FLA) muestran cadáveres en el recinto; otras fotografías y testimonios fueron examinados por medios y organizaciones de derechos humanos. Identificar a cada víctima y determinar su estatus requiere más que observar una grabación.
La secuencia descrita por los sobrevivientes plantea preguntas sobre qué información recibió la tripulación entre ambos impactos y cómo se reevaluó el blanco. Las FAMa no han publicado una explicación detallada ni respondieron a las preguntas de la investigación sobre la presencia de civiles y una posible pesquisa interna.
Tinzaouaten y la frontera donde se cruzan varias guerras
Tinzaouaten, junto a la frontera nororiental con Argelia, sufrió al menos dos oleadas de ataques en el verano de 2024. El 30 de julio, las FAMa anunciaron una campaña aérea coordinada con el gobierno militar de Burkina Faso contra objetivos de alto valor, entre ellos depósitos, centros logísticos y vehículos. Bellingcat geolocalizó imágenes de destrucción en 19.92476, 2.98003. En el área también hay excavaciones e infraestructuras compatibles con actividad minera artesanal; otra localización próxima, 19.93382, 2.98605, corresponde a una zona de extracción de oro.
La actividad minera es relevante porque en el norte de Mali conviven comunidades, comerciantes, transportistas, mineros y grupos armados, que usan las mismas rutas y, a menudo, vehículos similares. Una mina puede generar ingresos y movimiento que interesen a una organización armada, pero trabajar en ella o vivir cerca no demuestra que una persona participe en hostilidades. Esa distinción es jurídicamente básica y operacionalmente incómoda.
El 25 de agosto, las FAMa dijeron haber detectado camionetas con equipo militar y afirmaron que, tras vigilarlas, destruyeron objetivos terroristas y mataron a unas veinte personas armadas. ORTM1 describió la operación como un ataque de precisión. Bellingcat ubicó imágenes de daños en 19.95107, 2.97284 y examinó fotografías de cadáveres tomadas cerca, pero no pudo confirmar si las personas fotografiadas eran civiles. Un residente dijo a Reuters que hubo civiles muertos en los ataques contra la localidad; esa afirmación tampoco permite determinar la identidad de todas las víctimas.
En esta franja fronteriza operan fuerzas malienses, grupos separatistas y combatientes yihadistas, además de efectivos rusos vinculados al Africa Corps. En julio de 2024, una ofensiva de fuerzas separatistas e islamistas había infligido fuertes pérdidas a tropas malienses y mercenarios rusos. Esa presión militar puede explicar que Bamako respondiera con una campaña aérea, pero no justifica por sí sola cada objetivo elegido ni el daño causado a civiles.
La soberanía se anuncia desde el aire
Las FAMa adquirieron sus primeros drones turcos Bayraktar TB2 a finales de 2022. Desde entonces, la televisión estatal suele difundir imágenes de ataques: planos desde arriba, explosiones y una narración que identifica a los blancos como terroristas y su logística. Para un gobierno militar que hizo de la recuperación de la soberanía una pieza central de su discurso, estas imágenes buscan demostrar capacidad de combate y proyectar control sobre territorios donde el Estado apenas puede mantener una presencia cotidiana.
En septiembre de 2023, Mali se unió a Burkina Faso y Níger para formar la Alianza de Estados del Sahel (AES). La alianza expresa el rechazo de esos gobiernos a la tutela externa y su apuesta por una respuesta regional propia a la insurgencia. Esa autonomía política no reemplaza la obligación de distinguir entre combatientes y civiles. Además, cuando cada ataque se presenta como una demostración de precisión, admitir errores puede resultar más costoso.
El aparato militar se está ampliando. Mali ha adquirido drones Bayraktar Akıncı, más pesados y de mayor alcance que los TB2, con capacidad para transportar municiones más grandes y cubrir distancias importantes en el vasto norte. La organización de investigación The Sentry situó el coste del acuerdo en 210 millones de dólares. En julio de 2026, Bellingcat documentó el uso en el norte de Mali de drones de ataque unidireccional tipo Shahed-136, probablemente introducidos por el Africa Corps ruso. A diferencia de un TB2, estas aeronaves son municiones kamikaze: una vez lanzadas no regresan. Expertos consultados por Bellingcat señalaron que no pueden verificar el objetivo durante el vuelo.
Más alcance y más explosivo no garantizan mayor control. Si el sistema no puede corregir su trayectoria a partir de lo que ocurre en tierra, el riesgo crece cuando se emplea cerca de poblaciones. La tecnología puede ampliar el radio de acción de un ejército, pero no mejora automáticamente la información disponible antes de atacar. Si los mandos identifican blancos a partir de lugares, vehículos o perfiles, un arma menos capaz de distinguirlos puede amplificar el error.
¿Quién decide quién cuenta como objetivo?
La investigación encontró ataques en localidades pobladas y contra vehículos o suministros de combustible. El investigador Yvan Guichaoua, del Bonn International Centre for Conflict Studies, describió una dinámica de «culpabilidad por ubicación»: personas tratadas como objetivos por el lugar donde están o por la actividad que realizan, más que por pruebas claras de que sean combatientes. Según Guichaoua, la retransmisión de los ataques con comentarios dramáticos convierte cada operación en un episodio de una «saga nacional». El coste civil queda menos visible que la explosión.
Julien Antouly, especialista en derecho público de las universidades de Rouen y Paris Nanterre, advirtió de un patrón parecido: la ubicación, el transporte de combustible, la minería o incluso ser un grupo de hombres jóvenes pueden influir en la selección de blancos. Ninguno de esos factores, por sí solo, basta para convertir a una persona en un objetivo legítimo. El derecho internacional humanitario exige distinguir entre civiles y combatientes, evitar daños desproporcionados y adoptar precauciones viables antes de atacar.
El profesor Luke Moffett, de Queen’s University Belfast, señaló que vender combustible sigue siendo una actividad civil, aunque el producto pueda acabar en manos de un grupo armado. Suministrar combustible, sin más, no equivale a participar directamente en las hostilidades. Si alguien es atacado por ese motivo, explicó, podrían plantearse acusaciones de ataque intencional contra civiles y, en determinadas circunstancias, de crímenes de guerra. La determinación legal dependería de los hechos concretos, no únicamente de una imagen o una declaración oficial.
Las autoridades malienses no han divulgado sus reglas de enfrentamiento ni el proceso usado para verificar cada blanco. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado denuncias de daño a civiles, basándose sobre todo en testimonios de sobrevivientes y comunidades locales. Muchas operaciones siguen sin investigación independiente. Las restricciones a la prensa, el acceso limitado a las zonas afectadas y la velocidad de la campaña dificultan reconstruir lo ocurrido; esa dificultad no prueba las denuncias, pero tampoco las invalida.
