Roberto Arzú quiere competir por la Presidencia de Guatemala en 2027 y promete aplicar un modelo de seguridad «incluso más fuerte» que el de Nayib Bukele en El Salvador. Su candidatura depende de que Cabal, el partido que, según Arzú, tiene la mayor bancada en el Congreso, lo confirme en noviembre. Sería su tercer intento: buscó llegar al poder en 2019 y 2023; en la elección más reciente, el Tribunal Supremo Electoral lo apartó por acusaciones de campaña anticipada.
Su propuesta combina mano dura, confrontación con las élites políticas y empresariales, y una política exterior que presenta a Estados Unidos como aliado obligado. Aún no es un programa cerrado: faltan detalles sobre controles, costes y límites legales. Su mensaje, sin embargo, es reconocible en la región: priorizar el orden y cambiar las instituciones para conseguirlo.
Un candidato contra «el sistema», aunque todavía busca partido
Arzú, empresario y político nacido en Ciudad de Guatemala en 1970, es hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen. Desde hace seis años presenta su proyecto como una lucha contra un sistema que, según él, está «cooptado» por políticos, grupos empresariales de élite y el crimen organizado. La denuncia forma parte central de su campaña, aunque no demuestra por sí sola cómo opera cada vínculo que describe.
Su relato de 2023 es central para la candidatura que intenta construir ahora. Arzú sostiene que lo excluyeron para impedir su participación y afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución tras la cual el Estado guatemalteco tuvo que pedirle disculpas por vulnerar sus derechos políticos y civiles. Interpreta ese episodio como prueba de que las instituciones temían su irrupción. La explicación de su salida de la contienda fue una acusación de campaña adelantada: el procedimiento electoral y la lectura política del candidato son planos distintos.
El paso de Podemos a Cabal también responde a una razón práctica. Arzú describe a Cabal como una formación en crecimiento, con una bancada amplia y numerosos alcaldes, y dice que por eso decidió acercarse a ella. La confirmación de su nombre seguía pendiente para noviembre. Su proyecto de ruptura, por tanto, necesita el respaldo de una maquinaria partidaria existente, algo habitual en política, aunque contrasta con la presentación de la campaña como una pugna entre el pueblo y una estructura homogénea.
Arzú asegura que encabeza las mediciones y que las campañas en su contra ya no convencen al electorado. También rechaza acusaciones difundidas sobre su presunta participación en un intento de asesinato y supuestos vínculos con el narcotráfico. Las califica de falsas y dice haberlas llevado a los tribunales en Guatemala y Estados Unidos. Sin pruebas públicas verificadas en la entrevista, ambas deben entenderse como acusaciones y respuestas del candidato, no como hechos probados.
La promesa de Bukele: ¿seguridad o poder sin frenos?
Arzú resume su prioridad en una cifra: dice que uno de cada cinco guatemaltecos ha sido asaltado, extorsionado o vive bajo esa amenaza. Sostiene que la inseguridad no admite negociación. Propone combinar ejército y policía para recuperar territorios, endurecer el régimen penitenciario, aplicar la pena de muerte en crímenes que considere extremadamente graves y sacar a 30.000 presos a trabajar con el ejército. También plantea que las personas condenadas trabajen para costear su manutención, algo que, según él, recoge la Constitución guatemalteca.
La referencia al modelo salvadoreño es deliberada. Bukele convirtió la seguridad en el principal argumento de su proyecto político y en una referencia para gobiernos y candidatos de la región. Arzú asegura que aplicaría esa estrategia con más fuerza, pero no explica cómo distinguiría entre operaciones contra estructuras criminales y acciones que sometan a personas a castigos sin garantías suficientes.
El plan incluye mejorar los salarios y beneficios de policías y militares, con vivienda y becas universitarias para sus hijos, y endurecer las penas para los agentes que delincan. La entrevista ofrece líneas generales, pero no detalla mecanismos para investigar abusos, revisar detenciones o garantizar la supervisión civil de las operaciones.
Trasladar una fórmula de un país a otro exigiría atender los problemas propios de Guatemala, como la capacidad penitenciaria, la coordinación policial y la legitimidad institucional. Arzú promete recuperar el territorio y controlar las cárceles, pero no precisa con qué recursos ni bajo qué reglas se llevarían a cabo esas medidas, ni quién resolvería si las fuerzas de seguridad se exceden.
El giro económico: Singapur, México y una mezcla a medida
Arzú evita definirse con una etiqueta ideológica única. Dice creer en ideas liberales, conservadoras y socialmente abiertas, y sostiene que su prioridad es responder a problemas cotidianos: seguridad, paz y estabilidad económica familiar. Esa combinación deja abiertas preguntas sobre las políticas concretas que aplicaría.
Sus modelos externos apuntan a una ambición mayor. De El Salvador toma la política de seguridad; de México, los programas sociales que, según él, han reducido la pobreza extrema; y de Singapur, el llamado «milagro económico». Guatemala, afirma, podría convertirse en el Singapur de América Latina. La comparación es aspiracional: no especifica qué instituciones, inversiones o reformas permitirían reproducir ese desarrollo ni cuáles de sus condiciones podrían trasladarse al país.
La referencia a México muestra que su agenda no se limita a recortes o a un Estado mínimo. Arzú reconoce el valor de los programas sociales, aunque la entrevista no detalla cuáles mantendría, cómo los financiaría ni a quiénes priorizaría. Seguridad, empleo, reducción de la pobreza y atracción de inversiones son objetivos que requieren decisiones presupuestarias concretas.
Algo parecido ocurre con «Hacer Grande Guate», lema que Arzú utiliza desde 2019 y que él vincula con «Hagamos Grande Guate». Reconoce la asociación con la consigna de Donald Trump, pero explica que adoptó la frase por el sentimiento patriótico que despertó en Estados Unidos. El lema ilustra cómo consignas y tácticas de campaña circulan entre países, aunque los problemas que prometen resolver sean distintos.
Arzú propone abrir Guatemala al mundo y aprovechar su posición geográfica, pero no presenta un diseño suficiente para evaluar la viabilidad de su «milagro» económico. La campaña todavía no explica cómo convertiría esas aspiraciones en políticas de empleo, inversión y reducción de la pobreza.
Washington no es un socio lejano en esta campaña
Arzú describe a Estados Unidos como aliado «natural» y «obligatorio», con una relación de dependencia mutua. Argumenta que Guatemala puede ser relevante para Washington en materia de migración irregular, narcotráfico y terrorismo. Según el candidato, proteger la frontera guatemalteca con México sería menos costoso para Estados Unidos que controlar su propia frontera con México. Su planteamiento ofrece cooperación a cambio de que Washington reconozca el valor estratégico de Guatemala.
Arzú sostiene que la lucha contra las drogas también corresponde a Estados Unidos porque allí se concentra el consumo. Pide coordinación, pero no detalla qué forma tendría, qué compromisos asumiría cada país ni cómo se protegerían los derechos de las personas afectadas por las operaciones. Si la agenda de seguridad se organiza en torno a las prioridades estadounidenses, el éxito podría medirse por la contención migratoria o la interdicción de drogas antes que por la seguridad cotidiana de las comunidades guatemaltecas.
La relación bilateral también implica intercambio de información, recursos y capacidad de presión. Arzú presenta a Guatemala como un punto de paso estratégico y una oportunidad para estrechar la colaboración. El país, sin embargo, tendría que negociar desde sus propias prioridades y no limitarse a actuar como extensión de la frontera estadounidense. La diferencia entre cooperación y subordinación dependería de los términos del acuerdo.
Su descripción de la posición «espectacular» de Guatemala apunta a una política de apertura internacional, pero la entrevista no identifica alianzas concretas con otros países ni explica cómo equilibraría la relación con Washington frente a otros socios. La influencia estadounidense en asuntos como la migración y el narcotráfico es inevitable; queda por saber cuánto margen tendría un gobierno de Arzú para fijar sus propias condiciones.
Arévalo, las urnas y la prueba de las instituciones
Arzú concede que el presidente Bernardo Arévalo es «un buen hombre» y que no forma parte del sistema que él combate. Su crítica es que le faltó carácter, tuvo miedo de ejercer el poder y se especializó en no tomar decisiones. También rechaza que Guatemala pueda resolver sus problemas con mesas de diálogo o planes a largo plazo. Propone decisiones rápidas y cambios que se sientan en la calle.
La promesa de actuar sin titubeos puede atraer a votantes frustrados con un gobierno que parece incapaz de cumplir sus compromisos. Pero la rapidez no es por sí misma una política pública. Si las instituciones están tan capturadas como sostiene Arzú, concentrar más poder en el Ejecutivo no garantiza que se rompa el sistema; podría cambiar quién lo controla. La cuestión es quién decide, con qué límites y ante quién responde.
Arzú dice que Guatemala ya no está para consensos ni proyectos a cincuenta años. Su rechazo a la negociación forma parte de su perfil político, pero las políticas de seguridad, justicia y economía dependen de varias instituciones. Criticar la lentitud burocrática es más sencillo que construir mayorías, sostener una política pública y evitar que una medida de emergencia se convierta en la regla.
Si Cabal confirma su candidatura en noviembre, en 2027 los votantes tendrán una oferta que incluye recuperar territorios, endurecer las cárceles, involucrar al ejército y estrechar la coordinación con Estados Unidos. Arzú acompaña esas propuestas con un diagnóstico de captura institucional, que también usa para explicar su exclusión de 2023. Su programa deberá precisar cómo aplicaría las medidas y qué controles aceptaría.
Por ahora, Arzú no ha detallado cómo llevaría a la práctica sus referencias a Bukele y a Singapur. Además, su candidatura aún depende del visto bueno de Cabal.
