El 8 de julio de 2025, un dron del ejército maliense atacó un vehículo en Zouera, en la región de Tombuctú. La televisión estatal presentó la operación como un golpe preciso contra la logística de grupos armados. Una estructura cercana se incendió. Cuatro personas murieron, entre ellas tres niñas, y otras cinco fueron atendidas por heridas, según Médicos Sin Fronteras.
La diferencia entre la versión oficial y el saldo civil documentado por personal sanitario atraviesa una investigación conjunta de Bellingcat y Jeune Afrique. El análisis geolocalizó más de una docena de ataques con drones en el norte de Mali, pero no todos los que se han producido. En zonas remotas, con acceso restringido y pocas imágenes verificables, una parte considerable de la campaña queda fuera del escrutinio independiente.
Un ataque “preciso” junto al mercado
Las imágenes difundidas por ORTM1 muestran a una persona caminando cerca del vehículo segundos antes del impacto. La explosión alcanza el objetivo y prende fuego a una construcción contigua; varias personas huyen. En vídeos grabados después del ataque se ven el vehículo destruido, humo negro y el edificio envuelto en llamas. Una imagen satelital del 9 de julio muestra una marca de incendio que no aparecía el día anterior. La ubicación fue identificada dentro de Zouera, en las coordenadas 16.84589, -3.85213.
MSF informó tres días después que cuatro personas habían muerto y que sus equipos atendieron a cinco heridos en el centro de salud local, uno de ellos en estado grave. Entre las víctimas mortales había tres niñas. El ejército maliense, las Fuerzas Armadas de Mali —FAMa—, describió el blanco como un vehículo de abastecimiento de “terroristas”. La investigación no aporta elementos para determinar quién viajaba en él ni si tenía una función militar. La afirmación oficial sobre la identidad del objetivo no aclara qué ocurrió con quienes estaban alrededor.
La etiqueta de “precisión” describe cómo se presenta el ataque, pero no garantiza que el daño se haya limitado al blanco. El vídeo oficial muestra una construcción contigua y personas en las inmediaciones. No prueba por sí solo que el ataque fuera ilegal, pero plantea preguntas sobre las precauciones tomadas antes de disparar y la evaluación del riesgo para la población civil.
En Mali, los drones se han convertido en una herramienta visible de la respuesta militar, mientras que sus efectos sobre la población rara vez reciben el mismo espacio en los informativos que muestran las operaciones. Esa asimetría influye en cómo se presenta quién cuenta como enemigo y quién queda fuera del relato.
Amasrakad: la segunda explosión
En marzo de 2024, FAMa difundió imágenes de dos ataques con drones en Amasrakad, también en el norte del país. El primer impacto alcanzó una camioneta estacionada. Después, las imágenes muestran un segundo ataque contra un recinto cercano, donde varias personas corren poco antes de la explosión. France 24 geolocalizó el primer lugar; Bellingcat ubicó el segundo en las coordenadas 17.081613, 0.768012.
Según un informe de Amnistía Internacional, testigos dijeron que la primera camioneta era utilizada por el centro de salud local. Al creer que ese vehículo había sido el objetivo, vecinos se refugiaron en un recinto próximo, donde impactó el segundo dron. Amnistía afirmó que al menos 13 civiles, incluidos siete niños, murieron y que más de una docena resultaron heridos. La organización dijo haber entrevistado a siete supervivientes y testigos.
Un hombre que grabó las imágenes contó a Jeune Afrique que el segundo ataque mató a 13 miembros de dos familias, incluidos varios niños, reunidos bajo una tienda para protegerse tras el primer impacto. Según su testimonio, ayudó a trasladar a ocho heridos a centros de salud. Después de los ataques se incorporó al Frente de Liberación del Azawad (FLA). Ese dato no invalida automáticamente su relato, aunque debe tenerse en cuenta al valorar testimonios recogidos en medio de una guerra y una disputa política abierta.
FAMa sostuvo que sus operaciones habían “neutralizado a varios terroristas” y destruido equipo militar y vehículos. El grupo separatista CSP afirmó, en cambio, que los muertos eran principalmente mujeres y niños. La diferencia entre ambos relatos no se resuelve con la palabra “terrorista” ni con un vídeo aéreo sin contexto. Se necesitan investigaciones independientes, acceso a los supervivientes y datos verificables sobre la selección de los blancos. Las autoridades malienses no respondieron a las preguntas de los investigadores sobre posibles medidas de precaución ni sobre una investigación interna.
Tinzaouaten, oro y fronteras porosas
La zona de Tinzaouaten, cerca de la frontera nororiental con Argelia, fue escenario de dos episodios importantes de ataques en 2024. El primero ocurrió el 30 de julio, después de un asalto de fuerzas separatistas e islamistas contra tropas malienses y combatientes rusos. FAMa anunció una campaña aérea coordinada con Burkina Faso contra objetivos de “alto valor”, entre ellos depósitos, centros logísticos y vehículos. Las imágenes de los daños geolocalizadas por Bellingcat corresponden a un punto situado en 19.92476, 2.98003.
En la zona hay actividad minera artesanal, con pozos e infraestructura visibles en imágenes satelitales. Un vídeo difundido por medios cercanos al movimiento separatista muestra destrucción en un lugar próximo; otro hombre afirma que está en la mina de Inkharaban, cerca de la frontera entre Azawad y Argelia. La presencia de minería no demuestra que quienes trabajan allí sean civiles en todos los casos ni que la mina fuera el blanco. Sí pone de relieve las limitaciones de categorías como “logística”, “vehículos” o “actividad sospechosa” para explicar quién fue atacado y por qué.
El 25 de agosto, FAMa anunció otro ataque en Tinzaouaten. Afirmó que había detectado camionetas con equipo militar y que, tras vigilarlas, destruyó objetivos y mató a unos veinte combatientes. ORTM1 presentó la operación como una serie de “golpes de precisión”. Bellingcat localizó material posterior en 19.95107, 2.97284 y geolocalizó fotografías de cuerpos en los alrededores. Una parece mostrar a dos niños pequeños. No fue posible confirmar la identidad ni el estatus de las personas retratadas; un residente dijo a Reuters que civiles habían muerto en los ataques.
Las imágenes no permiten afirmar que todas las víctimas fueran civiles, pero tampoco bastan para corroborar la versión oficial. Sin criterios de selección publicados ni resultados de investigaciones, la afirmación de que murieron veinte combatientes carece de una comprobación pública adecuada.
La geografía empieza a parecer una prueba
El investigador Yvan Guichaoua describe una lógica de “culpabilidad por ubicación”: personas tratadas como objetivos por el lugar donde están, sus actividades o el grupo al que parecen pertenecer. Julien Antouly, especialista en derecho público, señala indicios que podrían alimentar esa lógica, como transportar combustible, trabajar en minería o formar parte de un grupo de hombres jóvenes. Ninguno de esos elementos, por sí solo, demuestra que una persona sea un objetivo militar legítimo.
El problema es especialmente serio en el norte de Mali, donde civiles y combatientes pueden utilizar las mismas rutas, mercados y vehículos. Un comerciante que vende combustible puede abastecer a un grupo armado, pero eso no significa automáticamente que participe directamente en las hostilidades. Luke Moffett, experto en derechos humanos y derecho internacional humanitario, señaló que los vendedores de combustible conservan la protección civil por el mero hecho de suministrarlo. Si se les ataca precisamente por esa actividad, advirtió, podrían producirse ataques intencionales contra civiles y, según las circunstancias, posibles crímenes de guerra.
El marco jurídico exige distinguir entre civiles y combatientes, evitar daños civiles desproporcionados respecto de la ventaja militar prevista y tomar precauciones para reducirlos. Estas obligaciones también se aplican a los ataques con drones. La tecnología puede ofrecer imágenes persistentes y municiones guiadas, pero no convierte en fiable una identificación basada en la ubicación, la edad o el tipo de vehículo.
Las autoridades malienses no han publicado sus reglas de enfrentamiento ni explicado en detalle cómo verifican blancos individuales. Sin esa información, los observadores externos pueden reconstruir dónde cayó una bomba y qué daños dejó, pero no examinar con rigor el proceso que llevó a dispararla.
Más alcance, menos margen para el error
Mali adquirió sus primeros drones turcos Bayraktar TB2 a finales de 2022 y desde entonces ha difundido con regularidad vídeos de ataques en la televisión nacional. Ahora cuenta también con Bayraktar Akıncı, aparatos de mayor alcance y capacidad para transportar municiones más pesadas que los TB2. La organización The Sentry informó que el acuerdo costó 210 millones de dólares. En un país extenso, con bases alejadas de zonas controladas por grupos armados, ese alcance amplía las opciones militares y la escala potencial de la campaña.
En julio de 2026, Bellingcat documentó el uso en el norte de Mali de drones de ataque unidireccional del tipo Shahed-136, probablemente introducidos por el Africa Corps ruso. A diferencia de los TB2 y los Akıncı, estos aparatos se lanzan contra el objetivo y no regresan. Pueden recorrer mayores distancias y llevar una cabeza explosiva de mayor tamaño, pero expertos consultados por el medio señalaron que no pueden verificar el blanco durante el vuelo. En áreas pobladas, esa limitación supone un riesgo evidente.
El crecimiento del arsenal coincide con una crisis política y de seguridad que precede a la Alianza de Estados del Sahel (AES). Mali, Burkina Faso y Níger formaron la alianza bajo gobiernos militares que han colocado la soberanía nacional en el centro de su discurso. La guerra maliense, iniciada en 2012, se intensificó en 2026, cuando el FLA y el grupo yihadista Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda, tomaron zonas del norte en ataques coordinados contra el ejército y fuerzas del Africa Corps.
La presión militar es real, al igual que el incentivo político para mostrar contundencia y presentar cada ataque como una victoria, aunque el coste civil quede poco claro. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado denuncias de daños a civiles, a menudo a partir de testimonios locales. Muchas operaciones no han podido investigarse de forma independiente debido a las restricciones informativas, el acceso limitado y la rapidez de los ataques.
El relato oficial no sustituye una investigación
La televisión estatal suele ofrecer una historia sencilla: un dron localiza a terroristas, el ejército los neutraliza y la operación demuestra la capacidad del Estado. Es un relato útil para gobiernos que prometen recuperar soberanía frente a insurgencias y fuerzas extranjeras. Sin embargo, rara vez muestra quién vivía, trabajaba o buscaba refugio junto al objetivo anunciado. Guichaoua compara las emisiones con episodios diarios de una saga nacional. En esa narración, las victorias se vuelven rutina y las víctimas civiles, cuando aparecen, quedan en segundo plano.
Una investigación independiente no determina automáticamente la responsabilidad penal de un ejército. Las imágenes pueden estar incompletas, los testimonios ser difíciles de corroborar y la identidad de las víctimas, desconocida. En Zouera, la información de MSF aporta un recuento y datos de atención médica, pero no aclara qué inteligencia justificó el ataque. En Amasrakad, los testimonios y el informe de Amnistía reconstruyen una secuencia concreta, aunque las autoridades malienses no han explicado públicamente cómo evaluaron la presencia de civiles.
FAMa recibió preguntas sobre los ataques de Zouera, Amasrakad y Tinzaouaten: si mantiene que las personas muertas pertenecían a grupos armados, qué medidas tomó para determinar si había civiles en las zonas y si abrió investigaciones. No había ofrecido una respuesta sustantiva al cierre del reportaje. La falta de respuesta no prueba por sí sola una infracción, pero deja sin contrastar las afirmaciones oficiales, pese a que el ejército presenta sus operaciones como precisas.
El mayor alcance, las municiones más potentes y la repetición de ataques lejos de los centros urbanos hacen más importante conocer los criterios que convierten a un transportista, un vendedor de combustible o un trabajador minero en un blanco, qué información se revisa antes del lanzamiento y qué ocurre cuando mueren civiles. Sin esas respuestas, las afirmaciones sobre la identidad de los objetivos no pueden contrastarse adecuadamente, y la población que comparte rutas, mercados y refugios con los combatientes queda expuesta a los efectos de una guerra en la que a menudo no se sabe quién decidió que estaba en el lugar equivocado.
