En 2021, Michael Kimmage advirtió que Bielorrusia podía convertirse en uno de los puntos más peligrosos de fricción entre Rusia y Occidente. Cinco años después, el país ya había servido de plataforma para la invasión rusa de Ucrania, pero no hubo un choque directo entre Moscú y la OTAN. Para Kimmage, una de las razones es que Alexander Lukashenko sigue en el poder. El riesgo, sostiene, podría crecer cuando deje de estarlo.
La guerra no llegó. La amenaza tampoco se fue
Bielorrusia sirvió de base para la operación rusa contra Ucrania, pero el conflicto no se extendió a un enfrentamiento directo con la OTAN. Que no haya cruzado esa frontera no significa que la región sea estable: hasta ahora, los actores han conseguido mantener la tensión dentro de ciertos límites.
Según Kimmage, uno de esos límites ha sido Lukashenko. El dirigente ha intentado conservar cierta distancia política de la guerra mientras permite que Vladimir Putin actúe con considerable libertad en territorio bielorruso. Así, Minsk evita presentarse como participante pleno y Moscú mantiene acceso a un espacio militar donde, en palabras de Kimmage, la presencia rusa está extendida y consolidada.
La contención depende, en parte, de un dirigente que procura parecer autónomo mientras deja espacio a la influencia rusa. No es un mecanismo sólido de seguridad, sino un equilibrio ligado a la permanencia de una persona en el poder. Kimmage no considera inevitable una confrontación, pero advierte que, si Lukashenko deja de ser esa pieza de contención, las reglas informales que han evitado una escalada podrían debilitarse.
La ausencia de una guerra directa muestra que, hasta ahora, la dependencia bielorrusa de Rusia y la cautela occidental han producido una estabilidad precaria. No demuestra que el peligro haya pasado: la situación puede sostenerse mientras nadie la fuerce demasiado.
El problema es el día después de Lukashenko
La sucesión convierte la continuidad de Lukashenko en algo más que una cuestión interna. Kimmage considera que el riesgo de tensiones militares —incluso de una guerra abierta— después de su salida es hoy mayor que en 2021. No porque se conozca quién lo reemplazará, sino porque el poder actual combina el mando de Lukashenko con la considerable libertad de acción de Putin en territorio bielorruso.
Si ambos líderes encuentran a alguien capaz de mantener el régimen actual, podrían aceptar ese resultado, explica Kimmage. Para Moscú, un sucesor leal o suficientemente dependiente reduciría la incertidumbre estratégica; para el aparato gobernante bielorruso, la continuidad evitaría una disputa por el control del Estado. Cambiar la cara y preservar el sistema podría funcionar durante un tiempo, pero no lo legitimaría ni resolvería sus tensiones.
Una transición disputada podría abrir espacio a presiones externas y a la competencia dentro del propio poder. Si el sucesor debe su posición a Moscú, en cambio, el margen de decisión de Minsk podría estrecharse aún más. En ambos casos, la presencia rusa convierte una crisis política local en un asunto de seguridad para sus vecinos.
Kimmage no identifica un sucesor, no describe un plan de transición ni predice cuándo podría salir Lukashenko. Su argumento es que la permanencia del dirigente ha contribuido a contener el riesgo y que la etapa posterior podría ser más inestable. Eso no equivale a pronosticar una guerra, pero sí a advertir que el fin de un régimen autoritario no siempre conduce a una apertura ordenada: también puede abrir una disputa por el control de sus dependencias.
¿Minsk decide algo, o solo administra su dependencia?
La política bielorrusa descrita por Kimmage encierra una contradicción: Lukashenko ha tratado de tomar distancia de la guerra, pero ha permitido que Putin use el territorio del país. Esa distancia sirve para marcar una diferencia política con Moscú, no para impedir que Rusia incorpore Bielorrusia a su cálculo militar.
Por eso, Minsk no es un actor completamente independiente ni un mero apéndice sin capacidad de maniobra. Lukashenko conserva el poder y puede intentar administrar el grado de exposición de su país, pero la alianza estratégica con Rusia y la presencia militar rusa reducen el espacio para tomar decisiones plenamente autónomas.
La soberanía puede estrecharse decisión tras decisión, aunque se conserven las instituciones y la bandera. Para los planificadores de defensa occidentales, la distinción es importante: ante una crisis, no bastará con saber qué quiere Minsk; también habrá que considerar cuánto puede o se atreve a hacer en contra de Moscú.
La situación complica las señales que reciben los vecinos de Bielorrusia. Lukashenko puede afirmar que intenta mantenerse al margen, mientras la actividad rusa en el país transmite otro mensaje a Ucrania y a los países europeos. Si la estabilidad depende de que el dirigente siga administrando esa contradicción, el sistema carece de una salida clara para cuando él falte.
La diplomacia realista no es un premio para Minsk
En su artículo de 2021, Kimmage defendió que Estados Unidos adoptara una relación diplomática realista con Bielorrusia. La propuesta partía de reconocer la asociación estratégica del país con Rusia y de aprender de las promesas excesivas hechas a Ucrania. No era una invitación a confiar en Lukashenko ni a tratar a Bielorrusia como si pudiera desprenderse de Moscú por voluntad propia.
En este caso, «realista» apunta a un dilema concreto. Si Washington actúa como si Minsk tuviera plena libertad para elegir su alineamiento, corre el riesgo de diseñar una política que no corresponda con el poder efectivo sobre el terreno. Pero aceptar que todo lo decide Moscú también dejaría a Bielorrusia sin margen político y presentaría la situación actual como inmutable.
Una política seria tendría que distinguir entre sus objetivos y lo que puede conseguir. Estados Unidos puede aspirar a reducir la dependencia bielorrusa de Rusia, sin confundir esa meta con un resultado disponible a corto plazo. También puede evitar prometer que Occidente resolverá las vulnerabilidades del país, sobre todo cuando la experiencia con Ucrania advierte sobre expectativas que después no se cumplen.
Eso no significa abandonar a la sociedad bielorrusa ni aceptar como legítimo el gobierno de Lukashenko. Significa no confundir el apoyo político con una garantía de seguridad que Washington quizá no esté dispuesto o no pueda cumplir. Las promesas sin capacidad de respaldo pueden elevar el coste de un error de cálculo. El desafío es mantener canales y objetivos sin fingir que la relación de poder es distinta: hablar con un gobierno autoritario no equivale a aprobarlo, pero condenarlo sin una estrategia para gestionar el riesgo militar y la sucesión tampoco basta.
Europa prefiere el statu quo. ¿Y después?
Kimmage sostiene que los países europeos no desafiarán a una Bielorrusia bajo control ruso tácito, porque esa situación ya describe, en buena medida, el statu quo. Si la influencia rusa está asentada, intentar revertirla directamente podría elevar la tensión sin ofrecer una vía clara hacia un resultado mejor. Aceptar la situación por prudencia, sin embargo, no la vuelve estable.
La dificultad es que ese statu quo depende de Lukashenko, cuya legitimidad interna lleva tiempo erosionándose. Kimmage señala que el dirigente carece de una visión reconocible para el país y lo ha aislado de sus vecinos, con la excepción de Rusia. Ese aislamiento limita las opciones de Minsk y aumenta la importancia de su relación con Moscú, mientras la presencia rusa reduce su autonomía.
Un equilibrio tolerado desde fuera puede ser frágil por dentro. Europa puede evitar una confrontación directa y, aun así, afrontar una crisis sucesoria que altere las condiciones sobre las que se apoya esa cautela. No hace falta que los gobiernos europeos provoquen la crisis para que deban prepararse para sus efectos.
El paralelo que Kimmage traza con Ucrania en 2014 apunta a la incertidumbre sobre qué quieren los propios bielorrusos y qué posibilidades tendrán de expresarlo durante una transición. La comparación no se desarrolla en el material citado y no permite atribuirle una conclusión concreta. Sí subraya que la población no puede reducirse a una ficha entre Moscú y Occidente, aunque las decisiones estratégicas de esos actores pesen sobre el país.
La cuestión, entonces, no es elegir entre desafiar el statu quo de inmediato o aceptarlo para siempre. Es cómo evitar que una transición convierta la dependencia existente en una crisis militar más amplia, sin prometer resultados que nadie puede garantizar. Mientras Lukashenko siga en el poder, la tensión permanece contenida; qué la contendrá después es la incertidumbre central.
