El Senado tenía previsto votar el 9 de noviembre la ley BAAJA, un paquete de 417 páginas que busca acelerar la construcción de centrales, líneas de transmisión y otras infraestructuras energéticas en Estados Unidos. La cuestión no es si los permisos tardan demasiado —tardan—, sino qué se construirá cuando sea más fácil obtenerlos: energía limpia, más gas natural o una combinación que termine elevando las emisiones.
¿Menos papeleo o menos control?
El sistema federal de permisos reparte sus exigencias entre varias leyes, entre ellas la National Environmental Policy Act y la Clean Water Act. Para un proyecto grande, completar esos procesos puede llevar años. BAAJA busca acortar los plazos con dos medidas: limitar qué proyectos deben pasar por determinados procedimientos federales y fijar calendarios para las revisiones que se mantengan.
La propuesta responde a un problema concreto. Una línea eléctrica necesaria para conectar nueva generación puede pasar años entre organismos, informes y objeciones. Pero reducir trámites no mejora automáticamente las decisiones. Las revisiones ambientales pueden ser lentas y repetitivas, aunque también permiten detectar daños que luego podrían costar más dinero y tiempo. La ley busca reducir demoras, pero no garantiza que se conserven todas las salvaguardas.
La propuesta no se limita a la energía solar y eólica: abarca proyectos fósiles, minería, transmisión y otros asuntos. Esa amplitud importa. Agilizar una línea de transmisión puede ayudar a llevar electricidad renovable a la red; acelerar una planta de gas puede añadir décadas de emisiones, según cuánto opere y qué instalaciones desplace.
Acortar demoras burocráticas no es lo mismo que retirar oportunidades para que comunidades, propietarios y organismos públicos examinen un proyecto. BAAJA limita algunos procesos y establece calendarios; el resultado dependerá de qué revisiones se eliminen, cuáles se mantengan y si las agencias cuentan con personal suficiente para cumplir los nuevos plazos. Fijar una fecha límite no aporta por sí solo más ingenieros ni mejores datos.
Una reforma que no elige bando
BAAJA es, en buena medida, neutral respecto a la tecnología. Eso ayuda a explicar una coalición poco habitual: sus cuatro patrocinadores en el Senado son dos republicanos y dos demócratas, y la Casa Blanca ha respaldado la reforma. La American Clean Power Association también la apoya. Su análisis sostiene que el proyecto podría desbloquear 350 gigavatios de nueva energía limpia para la red.
El apoyo de los grupos de energía limpia responde a una necesidad práctica. Estados Unidos puede instalar paneles y turbinas a buen ritmo, pero necesita líneas para llevar la electricidad desde los lugares de generación hasta los de consumo. Si la transmisión queda atascada en permisos, terrenos y revisiones, la generación renovable aprobada sobre el papel no cubre la demanda.
La Casa Blanca, según su Consejo de Asesores Económicos, espera que la reforma reduzca los tiempos de revisión y aporte beneficios económicos, incluido un impulso al PIB. El crecimiento económico, sin embargo, no determina por sí mismo el efecto climático. Un sistema más rápido puede facilitar nuevas construcciones, pero no decide si la capacidad será limpia.
El Natural Resources Defense Council reconoce posibles beneficios importantes para la red en las disposiciones sobre transmisión, pero advierte que restringir las revisiones ambientales puede perjudicar terrenos públicos y privados. La ley puede agilizar infraestructura necesaria y, al mismo tiempo, debilitar controles útiles.
La neutralidad tecnológica tampoco garantiza un resultado neutral. Si la energía solar y eólica son más baratas en una región y pueden construirse con rapidez, podrían beneficiarse de los permisos simplificados. El gas también puede hacerlo, sobre todo donde la red necesita potencia disponible y las empresas buscan cubrir el aumento de consumo. Qué proyectos avanzarán dependerá de los precios, las conexiones, la demanda y las decisiones políticas.
Las cuentas climáticas no dan un resultado único
Los primeros análisis sobre emisiones apuntan en direcciones distintas porque utilizan modelos y supuestos diferentes. Rhodium Group calculó que, en el mejor escenario, BAAJA reduciría un 4 % las emisiones de toda la economía, bajaría 78 dólares al año la factura energética de cada hogar y permitiría sumar 200 gigavatios de energía limpia para 2040. En el peor escenario analizado, las emisiones quedarían aproximadamente igual.
Resources for the Future, una organización de investigación sin fines de lucro, estimó que la ley podría recortar un 6 % las emisiones del sector eléctrico para 2041 y ahorrar más de 350.000 millones de dólares en costes del sistema a mediados de siglo. Esas proyecciones dependen de que la reforma genere las inversiones previstas y de cómo se utilice la nueva infraestructura. Los modelos permiten comparar escenarios, pero no anticipan con certeza el resultado.
La diferencia entre una reducción apreciable y ningún cambio es relevante. Si los permisos más ágiles permiten construir mucha más generación renovable, el balance mejora. Si la capacidad adicional procede del gas, o si los precios más bajos impulsan el consumo y las centrales fósiles atienden esa demanda, el beneficio puede reducirse. La energía más barata beneficia a hogares y empresas, pero también puede aumentar el consumo.
Las estimaciones son resultados condicionados a las decisiones de inversión, los ritmos de construcción, la demanda y el funcionamiento de la red. Para evaluar la ley no bastará con contar los nuevos gigavatios: habrá que saber de qué tecnología son, dónde se conectan y qué generación sustituyen.
Una planta renovable que espera años por una conexión no desplaza mucho gas; una línea nueva que conecta generación limpia con centros de consumo sí puede hacerlo. Una planta de gas construida con rapidez, en cambio, podría seguir operando durante mucho tiempo, aunque se haya presentado como respuesta temporal a una urgencia de la red. El permiso es solo una etapa del proceso.
El gas también está esperando una puerta abierta
Una preocupación concreta es que la reforma facilite la construcción de centrales de gas natural. Los centros de datos están presionando la red y ya se han anunciado nuevas plantas para atender esa demanda. Simplificar los permisos podría beneficiar a las renovables y también a las empresas que buscan generación firme mientras aumenta el consumo eléctrico.
Kevin Kircher, modelador energético y profesor adjunto de ingeniería mecánica en Purdue, describe el dilema como una transacción: ampliar la industria de electricidad limpia y, como parte del mismo acuerdo, ampliar también la industria de combustibles fósiles. Kircher modeló los posibles efectos de BAAJA y encontró que, si la ley hubiera estado vigente en 2025, las emisiones del sector energético habrían sido mayores que en el escenario real de referencia. También habrían aumentado los riesgos de salud y mortalidad asociados a la contaminación del aire.
Ese resultado no demuestra que la ley vaya a producir el mismo efecto en el futuro, pero pone en duda que más construcción equivalga necesariamente a menos emisiones. Si una empresa necesita energía en poco tiempo, una central de gas puede parecer más sencilla que coordinar nuevas líneas, generación renovable, almacenamiento y conexiones. Esa decisión podría mantener en funcionamiento la infraestructura durante décadas.
El crecimiento de los centros de datos complica el cálculo. La electricidad adicional puede alimentar servicios digitales, pero la naturaleza tecnológica de esos servicios no determina si la energía que los sostiene es limpia. Si la demanda crece más rápido que la oferta renovable y la red no logra transportarla, las centrales fósiles pueden cubrir la diferencia. Luego quedan por resolver cuestiones de eficiencia, consumo y financiación de la expansión.
Quienes apoyan la reforma esperan que los costes competitivos de la energía solar y eólica les permitan aprovechar los permisos simplificados. Es una posibilidad, no un resultado asegurado: el gas también podría beneficiarse.
La votación decide el texto, no el resultado
La votación prevista para el 9 de noviembre se produciría antes de que el próximo Congreso asumiera el control. El resultado de las elecciones había añadido incertidumbre: no estaba claro si los avances de los demócratas cambiarían los cálculos legislativos o si el partido preferiría esperar al año siguiente, cuando controlaría ambas cámaras. Hasta entonces, se esperaba que BAAJA reuniera sobre todo apoyo republicano y necesitara que algunos demócratas se sumaran para avanzar.
Esperar podría permitir renegociar el proyecto, pero también dejaría abierta la posibilidad de que la reforma volviera a estancarse por desacuerdos sobre revisión ambiental, transmisión y combustibles fósiles. Cualquier acuerdo tendría que obtener la firma de Donald Trump, un límite para quienes esperaran que un Congreso distinto pudiera rehacer la ley a su gusto. La aritmética parlamentaria no es el único factor: también cuentan los vetos y las prioridades presidenciales.
La discusión requiere distinguir entre agilizar revisiones duplicadas y reducir controles que protegen a comunidades o terrenos sin explicar qué salvaguardas los reemplazarían. También conviene tener en cuenta que la reforma podría beneficiar a fuentes distintas de las renovables, en un contexto de creciente demanda eléctrica, incluida la de los centros de datos.
El balance climático dependerá de qué proyectos reciban luz verde, qué fuentes se conecten, cuánto se usen las nuevas centrales y si el ahorro en costes aumenta el consumo. La ley puede acelerar las obras, pero no garantiza que cada gigavatio renovable encuentre una conexión disponible ni que la capacidad adicional sea limpia.
