¿Las torres de vigilancia fronteriza? Un fracaso tecnológico de mil millones de dólares
Delia Ramirez, congresista demócrata de Illinois, no se anda con rodeos: quiere desmantelar por completo el programa de torres de vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos. Y no es una opinión sacada del aire, sino que basó su iniciativa en un reportaje brutal del MIT Technology Review titulado “Dying on Camera”. ¿Qué descubrieron? Que casi uno de cada cuatro muertos en la frontera entre 2015 y 2026 ocurrió justo dentro del rango de estas torres. Es decir, ese sistema publicitado como una joya tecnológica para “proteger” y “vigilar” la frontera ni siquiera es capaz de evitar muertes en su zona de cobertura.
Hablo de un programa que le ha costado al contribuyente estadounidense más de mil millones de dólares. Y sí, la cifra tiene comas en todos los lugares correctos para que duela. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ni siquiera tiene datos claros sobre cuántos muertos se acumulan alrededor de estas torres, ni mediciones del éxito o fracaso de la misma. Que algo tan caro tenga tan poca rendición de cuentas y efectividad técnica es para rascarse la cabeza. Ramirez (que, ojo, forma parte del comité de Seguridad Nacional y es voz experta en temas de ciberseguridad) cita estas cifras sin pestañear: “Las torres que hemos pagado un billón de dólares simplemente no funcionan”. Y eso la ha llevado a impulsar la “Ley de Reimaginar la Seguridad” —un proyecto que no solo pide el fin del programa de vigilancia tecnológica, sino que propone un rediseño completo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si creías que solo abolir ICE sería suficiente, este plan piensa más allá: quiere desmantelar toda la estructura actual para montar un nuevo organismo llamado Departamento de Seguridad Comunitaria. Ya veremos cómo les va con eso.
La idea detrás de las torres de vigilancia era, en teoría, un avance tecnológico supremo: instalar plataformas equipadas con sensores, cámaras térmicas, drones e inteligencia artificial para detectar movimientos en la frontera y, supuestamente, prevenir tragedias y controlar el ingreso ilegal. El problema es que el despliegue de hardware nunca quiso ir acompañado de un análisis riguroso y transparente sobre su verdadera eficacia. Los datos públicos brillan por su ausencia. Según las alertas de expertos y activistas, más que una herramienta para salvar vidas, estas torres funcionan como un sistema de big brother que no resuelve nada práctico: muchas personas siguen muriendo dentro de su perímetro, pero el DHS no sabe, no mide o no quiere publicar esa información. Y para colmo, algunas organizaciones que trabajan en defensa de los inmigrantes —como Just Futures Law y Mijente— señalan que el sistema es parte de una red de vigilancia y militarización que criminaliza a comunidades enteras, sin mejorar la seguridad real ni la dignidad humana.
¿Pero qué demonios hacen estas torres y por qué fallan tan estrepitosamente?
La tecnología, en este caso, fracasa porque no está pensada para atender a las personas sino para controlar y excluir. Las cámaras no impiden que la gente muera de sed o a temperaturas extremas ni ofrecen ayuda inmediata cuando alguien está en peligro. Ni siquiera hay una supervisión adecuada que garantice que los datos recopilados tengan un uso humanitario. Así que lo que tenemos no es innovación sino un elefante tecnológico inútil y caro.
Ramirez no está sola en su cruzada. La presión para abolir o transformar el DHS y sus ramas —especialmente ICE y CBP— ha crecido desde la polémica ola de redadas y violencia de la administración Trump. Casos como el del repartidor Wilber Rafael Garcés Pérez, baleado por agentes en Austin la semana pasada, no ayudan a dar una imagen de control o justicia.
Pero lo interesante aquí es que la propuesta de Ramirez no solo quiere eliminar a ICE, sino que apunta a desintegrar el DHS entero. Imagina el lío institucional que eso representa, porque estamos hablando de uno de los organismos más grandes y complejos del gobierno federal, que engloba desde la seguridad en aeropuertos (TSA) hasta la gestión de emergencias (FEMA), traducción: un monstruo con tentáculos repartidos por todo el país. El plan prevé redistribuir funciones específicas a otras agencias ya existentes, buscando erradicar la militarización y los abusos amparados bajo la ley. Y sí, la idea es épica, pero no es la primera vez que alguien intenta desmontar esta máquina burocrática. Sin embargo, la baza fuerte que tiene Ramirez es que está dentro del comité que controla el DHS. Ese lugar le da voz y, quizá, algo más de poder para mover ficha.
¿Una ley radical o simplemente necesaria?
Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, no da su brazo a torcer: califica estos movimientos como ataques radicales y asegura que el DHS “nunca va a desaparecer”. La frase suena a manual antiguo de negación con la dosis necesaria de bravata política para calmar a sus tropas y provocar la ira de los opositores.
Pero más allá de slogans, la realidad es que el poder del DHS está profundamente enquistado en la arquitectura de seguridad nacional y migratoria. Reforma sí, cambio drástico ni de coña. Hay demasiadas agencias, contratos, intereses privados —porque sí, empresas millonarias chupan del presupuesto tecnológico para proveer sistemas de vigilancia y software— y una narrativa política que presenta al departamento como indispensable para la “seguridad del país”.
El proceso para desmantelar o rediseñar algo tan grande implica papeleo interminable, lucha partidista feroz y negociaciones que pueden durar años o quizá nunca lleguen a un punto de quiebre. Además, los programas tecnológicos como las torres son vistos como símbolos de avance, aunque no funcionen, porque nadie quiere admitir que pusieron un sistema carísimo para que sea un agujero negro de dinero. Que te vendan drones, cámaras de alta definición y análisis en tiempo real para controlar una frontera que es en realidad una región con miles de kilómetros y condiciones geográficas extremas, suena a cuento chino. La frontera no es solo un problema de video-vigilancia o sensores; es un problema social, económico y político.
¿Cuánto pesa el statu quo y por qué cuesta tanto cambiarlo?
Cada vida perdida allí no puede ser solucionada solo con cámaras. Hace falta recursos en terreno, políticas migratorias humanas, coordinación internacional y un enfoque que priorice la protección de personas y no solo el control fronterizo rígido y punitivo. En el fondo, la apuesta tecnológica es la excusa perfecta para no encarar los temas más complejos y sucios.
Además, mucha de esta tecnología se utiliza para alimentar bases de datos que, como denuncian activistas, se prestan para abusos y vigilancia masiva, afectando directamente a comunidades de migrantes. La preocupación sobre la privacidad y los derechos civiles debería ser un tema en la discusión, pero parece que queda sepultado bajo toneladas de hardware. La propuesta de la Ley de Reimaginar la Seguridad —todavía sin texto oficial a pesar de que pronto saldrá a la luz— representa una invitación a repensar no solo la tecnología sino el modelo mismo de seguridad y emigración en Estados Unidos. La idea es limitar la vigilancia estatal descontrolada, frenar el uso abusivo de datos y crear un sistema de inmigración civil separado, menos militarizado y más orientado a los derechos humanos.
Pero sabemos que cambiar “el sistema” es un trabalenguas político. Y en estos temas, donde el miedo y la seguridad nacional siempre ganan como bandera, el trabajo no es solo técnico ni legislativo; requiere movilización social, presión desde muchos frentes y un debate honesto sobre qué significa realmente “seguridad” en un contexto moderno y complejo. Mientras tanto, quedamos con una pregunta que la tecnología no ha logrado resolver y, probablemente, nunca podrá: ¿sirven para algo estas torres o solo son otro gasto inútil que no salva vidas y esconde muchísimos problemas debajo del capó?
¿Por qué la tecnología no es la salvación en la frontera?
Que te vendan drones, cámaras de alta definición y análisis en tiempo real para controlar una frontera que es en realidad una región con miles de kilómetros y condiciones geográficas extremas, suena a cuento chino. La frontera no es solo un problema de video-vigilancia o sensores; es un problema social, económico y político.
Cada vida perdida allí no puede ser solucionada solo con cámaras. Hace falta recursos en terreno, políticas migratorias humanas, coordinación internacional y un enfoque que priorice la protección de personas y no solo el control fronterizo rígido y punitivo. En el fondo, la apuesta tecnológica es la excusa perfecta para no encarar los temas más complejos y sucios.
Además, mucha de esta tecnología se utiliza para alimentar bases de datos que, como denuncian activistas, se prestan para abusos y vigilancia masiva, afectando directamente a comunidades de migrantes. La preocupación sobre la privacidad y los derechos civiles debería ser un tema en la discusión, pero parece que queda sepultado bajo toneladas de hardware.
¿Por dónde puede salir esta olla a presión?
La propuesta de la Ley de Reimaginar la Seguridad —todavía sin texto oficial a pesar de que pronto saldrá a la luz— representa una invitación a repensar no solo la tecnología sino el modelo mismo de seguridad y emigración en Estados Unidos. La idea es limitar la vigilancia estatal descontrolada, frenar el uso abusivo de datos y crear un sistema de inmigración civil separado, menos militarizado y más orientado a los derechos humanos.
Pero sabemos que cambiar “el sistema” es un trabalenguas político. Y en estos temas, donde el miedo y la seguridad nacional siempre ganan como bandera, el trabajo no es solo técnico ni legislativo; requiere movilización social, presión desde muchos frentes y un debate honesto sobre qué significa realmente “seguridad” en un contexto moderno y complejo.
Mientras tanto, quedamos con una pregunta que la tecnología no ha logrado resolver y, probablemente, nunca podrá: ¿sirven para algo estas torres o solo son otro gasto inútil que no salva vidas y esconde muchísimos problemas debajo del capó?
